Con la corrupción como segundo problema para los españoles, por delante de la crisis, según el CIS, y con el rifirrafe entre el Gobierno del PP y la oposición socialista por el caso Bárcenas y ahora también el tema de los ERE de Andalucía, el Consejo de Ministros ha presentado este viernes un paquete de 40 medidas anti-Bárcenas y anti-ERE. Destacan la creación del delito de financiación ilegal de partidos y más control de las cuentas de los cargos públicos, que no podrán usar tarjetas de crédito.
Se trata de un listado de iniciativas que afectarán a una decena de leyes, desde el Código Penal, la financiación de partidos, la norma procesal, la legislación de contratos públicos o la de prevención de blanqueo de capitales.
El Consejo de Ministros ha estudiado un informe para la regeneración democrática, redactado por la comisión de expertos, que incluye unas cuarenta iniciativas contra la corrupción que conllevan la modificación de diez leyes.
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, asegura que las medidas se concentran en tres bloques: mejor regulación de los cargos públicos; medidas procesales y penales contra la corrupción, y controlar la acrtividad económica del partido.
A la pregunta de si el caso Bárcenas ha influido en medidas como la tipificación del delito de financiación de partidos, la vicepresidenta asegura que el plan anticorrupción no responde a casos judiciales concretos.
1. Más control de financiación de los partidos:
-Que se publiquen las subvenciones.
-Que se regule la figure del gestor económico del partido.
-Estatutos sobre el procedimiento de control de cuentas en los partidos.
-Registro de las fundanciones de los partidos.
-El gestor deberá rendir cuentas al Parlamento.
-Reforzar en medios y capacidad al Tribunal de Cuentas.
-Clarificar las sanciones.
-Aprobar directrices para la contratación de dirigentes políticos.
2. Regulación de los cargos públicos:
–Se concretará en los presupuestos el montante dedicado a los sueldos.
-Publicitar y clarificar los gastos de representación. Se deberán presentar los justificantes. Estará prohibido el uso de tarjetas de crédito en los ministerios.
-Publicar y fijar en presupuestos las retribuciones de los diferentes cargos públicos.
-La oficina de conflictos de intereses analizará la evolución patrimonial de los cargos.
-Se ampliará el número de altos cargos sometidos al control de actividades económicas, para prevenir el blanqueo de capitales.
-Si se detectan movimientos sospechosos en las cuentas, el banco lo comunicará a la Policía.
-Prohibición de contratar para servicios públicos a personas o empresas con condenas de corrupción.
3. Medidas penales y procesales:
-Se crea el delito de financiación ilegal de partidos.
-Se endurecen tipos penales (prevaricación, cohecho, malversación…)
-Medidas para agilizar los procesos y que no se eternicen (separar los procesos civiles y penales, agilizar mecanismos para incautar bienes de los imputados).