El caso de los ERE es una mancha difícil para un partido como el PSOE. Que haya fraude con el dinero destinado a los parados es un paso más en la historia de la corrupción, una línea roja que habla de la moral y de la ética política de hoy. El complejo caso de los ERE en la Junta de Andalucía se resume en el supuesto fraude en las ayudas a empresas en crisis y en prejubilaciones que podría ascender a los 1.000 millones de euros, que se llevó a cabo presuntamente en el seno de la propia administración autonómico y que pudo haber beneficiado a cargos políticos, del PSOE, a representantes sindicales y empresas afines. La acusación en este caso denuncia que se trata de una estafa que jugó con el drama del desempleo, porque con subvenciones públicas unos pocos lograron un negocio millonario.
La juez Mercedes Alaya que instruye este caso ha dado un impulso a la investigación al abrir una pieza separada sobre las comisiones que se pagaron a intermediarios que intervinieron en esta trama. Según fuentes del caso, con esta causa se intenta identificar a los beneficiarios del llamado »fondo de reptiles», la hucha de las subvenciones que ascendía a los 721 millones de euros -aunque la Cámara de Cuentas sostiene que los fondos desviados podrían ascender los 1.000 millones.
Este proceso judicial saltó a raíz de los dos ERE de Mercasevilla y permanece abierto desde enero de 2011. Suma 60 imputados y varios de ellos llegaron a estar encarcelados, aunque ya se encuentran en libertad bajo fianza. Entre los imputados están el exconsejero de Empleo Antonio Fernández; un exviceconsejero, tres directores generales y dos exdelegados provinciales de Empleo, todos del PSOE
La juez investiga la posible instauración entre 2000 y 2010 en el seno del Gobierno andaluz de un procedimiento para conceder de manera arbitraria ayudas a empresas en crisis y prejubilaciones a trabajadores burlando la ley de subvenciones mediante la creación de lo que un imputado denominó «fondo de reptiles» millonario.
50 millones de comisiones ilegales en la operación Heracles
La nueva causa abierta por la instructora, que ha ordenado de nuevo el ingreso en prisión del exnúmero dos de Empleo Francisco Javier Guerrero, se centra en las comisiones que se pagaron a los intermediarios de la trama. Este caso ha tomado el nombre de Operación Heracles, que ha saldado con 22 detenidos por ahora, entre los que figuran empleados de la consultora Vitalia. También, la Cámara de Cuentas de Andalucía señaló a Uniter como perceptor de parte de las comisiones.
La Guardia Civil calcula que los implicados en las comisiones y en el reparto de beneficios podrían haber desviado unos 50 millones de euros de fondos públicos. Esta operación parte de la investigación por el supuesto cobro de »sobrecomisiones» por parte de las mediadoras de las pólizas de prejubilación relacionadas con los ERE. El instituto armado dice que la actividad de esta «organización delictiva» podría haber cometido delitos de cohecho, malversación de fondos públicos, blanqueo de capitales, contra la Hacienda Pública y falsedad documental.
Jesús María Bordallo, un exconsultor de la mediadora Vitalia Vida imputado en la causa, ha quedado en libertad sin fianza este jueves tras comparecer ante la juez Mercedes Alaya y ha asegurado que desconoce el supuesto cobro de »sobrecomisiones» por parte de esta mediadora de las pólizas de prejubilación relacionadas con los ERE.
El imputado ha defendido su inocencia y ha manifestado que «cumplía las órdenes y directrices de la empresa» realizando una labor «técnica y laboral» y sin intervenir en «ningún tipo de negociaciación». «No tengo nada que ocultar».
Este último golpe del caso de los ERE se produce después de que se hayan investigado movimientos de unas 400 cuentas bancarias de 50 entidades.
Ayudas demasiado opacas
Los investigadores sostienen que en la Junta de Andalucía se desviaron fondos públicos y se concedieron irregularmente las subvenciones a través de un sistema opaco de tramitación de los fondos. El Gobierno andaluz podía transferir directamente a la Tesorería el dinero, mediante el IFA, el Instituto de Fomento de Andalucía que luego se llamó Agencia Idea. Pero no se dejaba constancia en el boletín autonómico, ni en los permisos del Consejo de Gobierno.
En la cúpula de la Junta de Andalucía se insiste en que las irregularidades se cometieron por actuaciones aisladas de las que no se tenían conocimiento, y se reitera que los programas estaban fiscalizados y sujetos al control parlamentario. El expresidente andaluz Manuel Chaves incidió en este mensaje en la comisión de investigación parlamentaria: que su Gobierno, el que presidió durante casi 20 años «no conoció, informó, avaló o aprobó medida alguna irregular o medida o acto ilegal» en relación con la política de ayudas a las empresas.
Entre las irregularidades, figuran ayudas a personas que nunca trabajaron para las sociedades beneficiadas o la inclusión falsos prejubilados en los expedientes de regulación de empleo.
Mercedes Alaya, juez »azote» de la Junta
La juez instructora Mercedes Alaya ha sido catalogada de “heroína”, el “azote” de la Junta e implacable en la persecución de estas supuestas irregularidades en prejubilaciones y empresas en crisis. Tras un parón de seis meses por una baja médica, la magistrada se ha incorporado al Juzgado de Instrucción número 6 de y se mantiene firme en su intención de quedarse con todas las »macrocausas» que investiga este órgano judicial.
La pirámide en el caso
El caso suma más de 60 imputados, pero en la cúpula hay dos supuestos responsables. Antonio Fernández, consejero de Empleo entre 2004 y 2010, que supuestamente conoció y permitió este desvío de dinero; y Francisco Javier Guerrero, director de Trabajo entre 1999 y 2008, que presuntamente creó ese fondo de reptiles y asignas las ayudas a las empresas.
En el nuevo proceso de los ERE ha adquirido un papel relevante Juan Lanzas, el sindicalista que supuestamente actuaba como «conseguidor» en distribución de las ayudas y que presuntamente se habría beneficiado de dinero público. Los agentes hallaron ayer en su vivienda, del municipio de Albanchez de Sierra Mágina, 80.000 euros en billetes de 500.