La Audiencia Nacional mantendrá en libertad a Juan Antonio Cano, Albertino y Carlos de Figueredo, Vicente Martín Peña y Emilio Ballester, los responsables del fraude de Afinsa, pese a la petición de la Fiscalía y las acusaciones que exigían su ingreso inmediato en prisión.
El Tribunal desestima igualmente la petición de prisión eludible con fianzas de 200.000 euros solicitada respecto de Francisco Guijarro y Joaquín José Abajo.
Once de los miembros de la cúpula de la filatélica han sido condenados a penas de hasta 12 años de prisión, dependiendo de los delitos, por el fraude masivo que afectó a casi 200.000 pequeños inversores.
Además, seis de ellos tendrán que indemnizar a los más de 190.000 afectados con una cantidad de 2.574 millones de euros por los delitos de estafa agravada, insolvencia punible, delito continuado de falseamiento de las cuentas anuales, blanqueo de capitales y delito contra la Hacienda Pública.
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Hasta resolver recursos
La Fiscalía y los afectados personados en la causa habían pedido su ingreso inmediato en prisión tras conocerse la sentencia el pasado miércoles. En su opinión las elevadas penas y la gravedad del delito justificaban este ingreso, sin embargo, la Audiencia Nacional considera que no existe riesgo de fuga ya que los condenados, desde la intervención de Afinsa en 2006, han cumplido con las medidas cautelares impuestas y con los llamamientos del tribunal.
Por ello, los exdirectivos de Afinsa condenados no cumplirán su pena hasta que se resuelvan los recursos que las defensas han anunciado ante el Tribunal Supremo.
Sí les impone a todos los condenados medidas cautelares como la prohibición de salir de España, la retirada de pasaporte y la presentación quincenal.
Cano se siente «responsable»
Juan Antonio Cano, el expresidente de Afinsa ha asegurado antes de la vista que se siente «responsable» por los casi 200.000 inversores afectados, pero cree que «no estaba en su mano» evitar la quiebra de la entidad tras la intervención.
Después de haber sido condenado a 12 años y diez meses de cárcel, Cano sigue cargando contra la intervención judicial como la causante de la «muerte» del negocio en el que miles de pequeños ahorradores tenían invertido su dinero en sellos que después no valían una mínima parte de lo depositado.
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La Audienciencia dice que sí hubo estafa
En el fallo conocido el pasado miércoles, 10 años después de la intervención, la Audiencia condena que los clientes, «no informados y crédulos», invertían en la medida que se les prometía la devolución de su dinero, incrementado con un interés muy superior a los que ofrecían las entidades financieras de la época.
El Tribunal considera probado que los acusados desarrollaron un negocio de captación masiva de dinero procedente de pequeños ahorradores de clases medias, que seguían los consejos de los activos agentes comerciales de la compañía, «profesionales sobreintegrados en la subcultura de la organización, hasta el punto
de atraer y hacer caer a familiares, amigos, vecinos y conocidos en la red especulativa tejida por los administradores de aquella».