El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha remitido el caso de la compra de votos en Melilla a la Fiscalía Anticorrupción, argumentar «su gravedad y trascendencia desde el punto de vista social y político, dada la pretensión de alterar la libre manifestación de la voluntad popular».
“Suponiendo los hechos una manifestación de delincuencia o criminalidad organizada, atendiendo a su gravedad y trascendencia desde el punto de vista social y político”, añade García Ortiz.
Hace más de una semana que saltó a los medios el escándalo de la compra de votos en Melilla, cuando la denuncia de varios trabajadores de Correos alertaban de la posible compra de sufragios telemáticos. Lo que dio la voz de alarma fue que en Melilla uno de cada cinco habitantes solicitó el voto por correo, lo que supone diez veces más que la media nacional.
Tras este caso se han desencadenado sospechas en otras regiones, es el caso de Mojácar y Albudeite, donde ya ha habido detenciones.