El titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma, José Castro, ha rechazado este viernes el recurso interpuesto por la Infanta Cristina contra el auto de apertura de juicio oral del caso Nóos, con el que el juez acordó el pasado mes enviarla al banquillo de los acusados como cooperadora necesaria de dos delitos fiscales.
El magistrado ha resulto así la apelación que se elevó a la Audiencia Provincial de Baleares, órgano ante el cual la defensa de la Duquesa de Palma impugnó el auto de Castro. En éste, el juez ya dejó constancia de que contra la resolución no cabía recurso alguno.
El titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma ha acusado al abogado de la Infanta Cristina, Miquel Roca, de lanzar afirmaciones en relación a la doctrina Botín que «no responden a la verdad con la esperanza de que siempre habrá alguien que la asuma sin comprobarla». «La técnica es tan antigua como el ser humano», espeta el juez.
En el auto que ha dictado este viernes para inadmitir a trámite el recurso de la Duquesa de Palma, el magistrado responde con dureza las acusaciones vertidas contra él por Roca, «quien incansablemente ha difundido ante los medios su criterio sobre que la llamada doctrina Botín era de aplicación a su defendida».
Castro ha rechazado admitir a trámite el recurso de apelación interpuesto por la Infanta contra el auto de apertura de juicio oral del caso Nóos, con el que el juez acordó el pasado mes enviarla al banquillo de los acusados como cooperadora necesaria de dos delitos fiscales.
En su recurso los abogados de la Duquesa cargan contra la «absolutamente desproporcionada e injustificada» fianza impuesta a la hermana menor del Rey de casi 2,7 millones de euros, y piden al juez de Palma José Castro dejarla sin efecto.
Del mismo modo, los letrados Miquel Roca y Jesús María Silva sostienen que no procede «la adopción de medida cautelar alguna» y, por tanto, tampoco el pago de una fianza, ya que ni el fiscal anticorrupción del caso, Pedro Horrach, ni la acusación particular en el caso Nóos -la abogacía del Estado- pidieron llevar a la Infanta a juicio, y creen que la acusación popular -Manos Limpias- no tiene legitimidad para hacerlo.
Lo sostienen en un recurso contra «determinados pronunciamientos» del auto de apertura, que han presentado pese a que no cabía impugnación alguna al considerar que se encuentran legitimados porque el juez incluyó en el mismo resoluciones que tendría que haber resuelto previamente y contra las que consideran que sí pueden apelar.
Por ejemplo, «la cuestión de la legitimación para solicitar la apertura de juicio oral por un delito contra la hacienda pública debería haberse resuelto en una resolución previa independiente». «Lo contrario, como aquí ocurre, lesiona gravemente el derecho fundamental a un proceso con todas las garantías que asiste a mi defendida», sostiene el escrito.
Los abogados también consideran que la »pena de banquillo» que conlleva la apertura de juicio oral afecta de modo desigual a los acusados y, en el caso de la Infanta «tiene unos efectos, como es público y notorio, probablemente inigualables en el ámbito nacional».
Papel imprescindible para defraudar
En su auto, para justificar la apertura de juicio contra la Duquesa de Palma, Castro considera que su papel fue imprescindible para que su marido, Iñaki Urdangarin, defraudase hasta 337.138 euros a Hacienda a través de Aizoon, empresa presuntamente pantalla de la que ambos son propietarios.
En su auto, el magistrado resolvió finalmente no aplicar sobre la Infanta la denominada doctrina Botín, que impide juzgar a alguien si únicamente le acusa quien ejerce la acción popular, en este caso Manos Limpias, que solicita ocho años de cárcel para Doña Cristina. Por su parte, ni la Fiscalía Anticorrupción ni el perjudicado por los delitos presuntamente cometidos, la Agencia Tributaria, apuntan a la existencia de indicios criminales sobre Cristina de Borbón. El titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma, José Castro, ha acusado al abogado de la Infanta Cristina, Miquel Roca, de lanzar afirmaciones en relación a la doctrina Botín que «no responden a la verdad con la esperanza de que siempre habrá alguien que la asuma sin comprobarla». «La técnica es tan antigua como el ser humano», espeta el juez.
Con su resolución, Castro culminó más de tres años de investigaciones en torno a la Infanta, cuyo nombre apareció en el foco de las investigaciones del caso Nóos a finales de 2011, prácticamente desde el momento en que la Fiscalía Anticorrupción apuntase a Aizoon como una de las empresas tapadera que integraban el entramado societario dirigido a desviar los fondos obtenidos por parte del Instituto Nóos de las Administraciones públicas.
El juez fue tajante al desplegar las conductas supuestamente ilícitas desplegadas por doña Cristina, proclamando en su auto distintos «eslóganes y campañas» impulsados por la Agencia Tributaria en los últimos años como «lo que tú defraudas, lo pagamos todos» y «Hacienda somos todos».
Aunque Roca intente hasta el último momento que se aplique la doctrina Botín, la Infanta se sentará en el banquillo
Teodoro González Ballesteros, catedrático de derecho constitucional, doctor en Derecho y periodista, tiene claro que aunque Roca aún pueda intentar que se aplique la Doctrina Botín en las cuestiones previas al juicio, lo cierto es que la Infanta «se sentará en el banquillo». Y lo hará por varias razones: la primera de ellas es que la Audiencia de Palma ya corroboró que la imputación de Castro tenía base, la segunda es que Castro ya ha acabado la instrucción, la tercera es que la aplicación de la Doctrina Botín se cae para aplicar la Doctrina Atutxa porque estamos hablando de dinero público y un prejuicio para la sociedad, al contrario de lo que ocurría en el caso del banquero. Y la cuarta: no hay base legal para reclamar que no se abra juicio oral contra la infanta. Más razones apoyan esta tesis: el hecho de que Castro no haya cedido a las presiones de nadie y haya aplicado la legislación vigente. Con ella en la mano, la infanta se sentará en el banquillo.