Más vigilancia de las actividades de los cargos públicos, más control en las cuentas de los partidos y medidas más duras contra los responsables de prácticas corruptas. El Gobierno ha resumido así el programa de medidas que ha presentado este viernes para combatir los casos Bárcenas, ERE, Gürtel, Palau de la Música...La vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, ha manifestado que esta batería de iniciativas no responden a una causa concreta. Pero el anuncio de que se pondría en marcha un ambicioso plan contra la corrupción lo hizo el presidente Mariano Rajoy en la sesión extraordinaria del Congreso para tratar el asunto de Luis Bárcenas y la supuesta financiación ilegal del PP.
Este programa lo integran unas 40 iniciativas que tocan una decena de leyes. Las iniciativas se han presentado, pero ahora toca consensuarlas con los grupos parlamentarios. La intención del Ejecutivo es, según palabras de Santamaría, aprobar este plan anticorrupción con el máximo apoyo parlamentario.
Entre las novedades de calado, la creación del delito de financiación ilegal de partidos, la regulación de la figura del responsable de las finanzas de las formaciones, que deberá rendir cuentas en el Parlamento y más control de los cargos públicos, que tendrán prohibido el uso de tarjetas en los Ministerios para gastos de representación.
1. Delito de financiación ilegal de partidos
El juez Pablo Ruz investiga en el caso Bárcenas, además del enriquecimiento ilícito del extesorero del PP que acumuló hasta 47 millones en Suiza, si hubo una financiación en B paralela en el PP y si esto pudo tener relación con el caso Gürtel.
Ahora, las irregularidades contables de los partidos políticos se castigan como infracciones administrativas, con una multa que es el doble de la cantidad ilegalmente percibida. Para que los tribunales actúen, es necesario determinar si se han producido delitos, como cohecho (sobornos a cambio de una contraprestación), malversación o fraude fiscal (cuando la cantidad que se elude es superior a los 120.000 euros).
Los juristas y expertos llevaban tiempo reclamando un tipo penal que castigara las ilegalidades en las cuentas de los partidos, para perseguir estas prácticas, más allá de demostrar otros hechos delictivos. El problema que se ha producido hasta ahora es que la financiación ilegal de los partidos se ha castigado a través del delito de cohecho, que es difícil de probar jurídicamente.
Con la creación del delito de financiación ilegal, un tribunal podría sentar en el banquillo a políticos solo por haber aceptado donaciones por encima del límite, o por ocultar la identidad del donante, por ejemplo.
2. Aumento de las penas por corrupción
Se endurecen las condenas por delitos como cohecho, malversación, tráfico de influencias, prevaricación y también se amplía el plazo de prescripción. El diario La Razón cuenta las penas podrían aumentar un grado de media. Por ejemplo, en el caso del cohecho, si se incrementa un grado más, pasaría de castigarse con penas de entre tres a seis años de cárcel a una horquilla de entre seis y nueve años.
Con este cambio, el expresidente Jaume Matas tendría que haber ingresado en la cárcel. El Supremo le rebajó la condena de seis años a nueve meses por el caso Palma Arena. Al ser una pena inferior a dos años, no fue encarcelado. El tribunal le sentenció solo por tráfico de influencias, que ahora se castiga con penas de entre seis meses y dos años. Con el nuevo Código Penal, la pena máxima podría superar los cuatro años.
3. Se endurece el cohecho
Francisco Camps quedó absuelto de la causa de los trajes por decisión del jurado popular. Se le había juzgado por un cohecho pasivo, que es recibir dádivas sin que haya habido una contraprestación a cambio, y que se castiga con una pena máxima de un año de cárcel. Ahora, se pretende castigar de forma más severa los sobornos a los políticos, simplemente demostrando que ha habido regalos o pagos, sin necesidad de comprobar el receptor benefició a la persona que le gratificó, según adelanta el diario La Razón.
4. El tesorero y gestor de los partidos deberá rendir cuentas al Parlamento
Con la nueva norma, si Luis Bárcenas siguiera manejando la contabilidad del PP, tendría que comparecer cada año en el Congreso para explicar la gestión y, además, su cargo estaría regulado por ley. Por tanto, tendría una serie de obligaciones. Además, el gestor del partido deberá colaborar con el Tribunal de Cuentas, encargado de fiscalizar a los partidos
5. Se castigarán los contratos públicos con precios desorbitados
Demostrar que un gestor o administrador ha inflado contratos públicos para desviar fondos es complicado. Pero determinar si el importe de la adjudicación resulta demasiado elevado a precios del mercado no requiere de pesquisas tan complejas.
En la trama Gürtel se investiga si el presunto cabecilla engordó contratos públicos para actos de campaña y eventos del PP. Por ejemplo, durante un acto en el Palau de la Música de Valencia, hay un informe que indica que el montaje del evento costó 20.067 euros pero por “orden de Álvaro Pérez (jefe de la trama Gürtel en Valencia), solo se facturó al partido 6.010 euros, lo que supuso una pérdidas de la empresa por valor 14.057 euros. Ese dinero se desvío a terceros.
En el caso Palau, también se investiga si el contrato de obra a un precio mayor sirvió para desviar dinero para financiar ilegalmente CDC, el partido de Artur Mas.
6. Se sancionará la falta de control en las administraciones si ha habido delitos de terceros
La juez Mercedes Alaya que investiga la trama de los ERE supuestamente fraudulentos dio un paso más en la instrucción del caso la pasada semana al plantear la imputación de los expresidentes andaluces José Antonio Griñán y Manuel Chaves, por su presunta responsabilidad en los fondos públicos que se desviaron. Por ahora, están implicados los intermedios y los cargos que supuestamente se enriquecieron con la manipulación de las ayudas públicas. Desde el punto de vista político se ha reprochado a los responsables público haber permitido este supuesto fraude, ya sea por hacer oídos sordos o porque no se aplicaron los mecanismos de control adecuados.
Con la reforma, se pretende que haya un reproche penal ante este tipo de supuestos, o al menos, que la ley sea más clara.
7. Se sancionará como malversación los contratos públicos sin contraprestación
Una medida que busca detectar y perseguir mejor la financiación ilegal de partidos, además de castigar la malversación de dinero público.
El juez que investiga el caso Palau de la Música ha cerrado la instrucción con la conclusión de que CDC se financió de forma ilegal a través del Palau. Para ello, la constructora Ferrovial supuestamente, según el magistrado, pagó hasta 5,1 millones de euros en comisiones que se dieron al margen de la adjudicación de la obra.
8. Condenas por ocultar fondos administrados
Luis Bárcenas llegó a acumular hasta 47 millones de euros en Suiza, según ha comprobado el juez Ruz tras analizar las respuestas de comisiones rogatorias. El magistrado investiga ahora el origen de estos fondos, ante la sospecha de que puedan proceder de cuentas del partido y contraprestaciones logrados en su etapa de gestor de las finanzas
9. Penas por esconder dinero cuando hay una resolución que obliga a pagar
Luis Bárcenas y su esposa, Rosalía Iglesias, engañaron a Hacienda y eludieron pagar 1,5 millones de euros en los ejercicios de 2002 y 2003, según un informe de la Agencia Tributaria aportada al caso judicial. No solo no pagaron sino que las declaraciones del IRPF les salió a devolver: 21.794 euros de las arcas públicas.
10. No se podrán pagar con tarjeta los gastos en los Ministerios
El Tribunal de Cuentas demostró en un informe el pasado abril que había alcaldes y presidentes de diputaciones que cobraban más que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. Las diez entidades cuyo alcalde o presidente supera en mayor proporción el sueldo del presidente del Gobierno son las siguientes: las diputaciones de Alicante y Barcelona, los ayuntamientos de Zaragoza, Barcelona, Alcalá de Henares (Madrid), Madrid, Valencia, Alcobendas (Madrid) y Las Rozas (Madrid), y la Diputación de Girona.
El Gobierno ha planteado cambios en el régimen de retribución: los alcaldes de ciudades de menos de medio millón de habitantes no podrán cobrar más que un secretario de Estado (unos 100.000 euros al año). A partir de ese nivel, el sueldo irá bajando en función de la población.
La propuesta del Ejecutivo es que se concreten en los presupuestos los sueldos de los cargos públicos. Además, el Gobierno prohibirá el pago con tarjetas en los Ministerios y los bancos podrán informar a las autoridades de movimientos anómalos en las cuentas de los dirigentes y cargos públicos.
11. Los dirigentes políticos y los cargos públicos deberán publicar sus bienes
Los diputados y senadores están obligados a publicar su declaración de bienes. Lo hacen desde 2011. También, publicitan su patrimonio parlamentarios autonómicos y, en algunos casos, alcaldes y concejales, pero esto último no es una regla.
En cambio, los dirigentes de los partidos políticos, sin cargo público, no informan de sus bienes. El presidente Rajoy publicó en la web de Moncloa una serie de documentos sobre sus declaraciones fiscales desde 2003, en la etapa en la que lideraba la oposición. Lo hizo cuando estalló el caso Bárcenas.
El líder del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, hizo lo mismo, seis meses después de anunciarlo, en la página del partido.
12. Los políticos deberán someterse a auditorías al final de su mandato
Se pretende controlar los ingresos de los dirigentes para evitar enriquecimiento en relación con el cargo del partido o el puesto público.
Los casos que han salpicado a Carlos Fabra, expresidente de la Diputación de Castellón, han imputado que en cinco años cuadruplicó su patrimonio, entre 1999 y 2004, hasta los 646.000 euros. Además, se investiga por qué le tocó hasta siete veces la Lotería. La acusación piensa que compró billetes premiados para blanquear dinero no justificado.
13. Los partidos tendrán que publicitar las subvenciones que reciben
Los partidos hacen pública la partida presupuestaria, pero no concretan las subvenciones que pueden recibir de diferentes departamento públicos, por convenios o determinadas actividades.
La pasada primavera el Consejo Consultivo de Andalucía detectó 83 subvenciones irregulares por valor de 30 millones de euros concedidas por la Dirección General de la Consejería de Empleo entre el 2002 y el 2008. Se pone el foco en estos fondos, después de estallar el caso de los ERE, que afecta a cargos del PSOE y exsindicalistas.
14. Se les quitará las ayudas a los partidos que no publiquen sus cuentas
El presidente del Tribunal de Cuentas, Ramón Álvarez de Miranda, reconoció que hasta 2006 le resultaba prácticamente imposible comprobar las donaciones anónimas como las reflejadas en los llamados »papeles» de Luis Bárcenas. Esta situación se reparó con las reformas posteriores de la ley de financiación de partidos políticos, que obliga a identificar a los donantes. Si no lo hacen, se enfrentarán a una multa, por ahora.
Con esta medida, se pretende disuadir a los partidos para que cumplan con las normas de transparencia y se evite la circulación de flujos de dinero opacos.
15. Los partidos deberán depositar las cuentas de los partidos en un registro públicos
De esta regulación escapan las fundaciones de los partidos, que reciben más donaciones que los partidos. Un ejemplo es la Fundación Catalanista y Demócrata Trias Fargas, de Convergencia Democrática de Catalunya, que sumó 1.379.696 euros, más del doble que la formación que lidera ahora Artur Mas. Sobre este centro, el Tribunal de Cuentas señala que no habilitó una cuenta específica para las donaciones y añade que no acreditaron bien los más de 1,3 millones de euros que donaron 47 sociedades.
16. Prohibición de contratar para servicios públicos a personas o empresas con condenas de corrupción.
No está condenado, pero sí imputado por un caso de corrupción. Andrés Flores, implicado en el caso Astapa, ha sido designado por el Ayuntamiento de Estepona como jefe de Urbanismo.
El caso Astapa, que se destapó en 2008 y que llevó a prisión al entonces alcalde socialista Antonio Barrientos, investiga la concesión de licencias de obra baratas a cambio de sobres.
17. Clarificar y endurecer las sanciones administrativas en la financiación de partidos
El Tribunal de Cuentas solo puede castigar con una multa máxima de 900 euros, en caso de que una administración incumpla con su obligación de rendir cuentas. En este supuesto, el órgano fiscalizador puede imponer una sanción que oscila entre los 60 a los 900 euros.“ Multas coercitivas claramente insuficientes”, en palabras del presidente del tribunal, Ramón Álvarez de Miranda.
En el caso de detectarse anomalías contables, por ejemplo una donación superior al límite, se castigará con una sanción del doble de la cantidad ilegalmente percibida.
18. Aumenta el plazo de prescripción de las anomalías contables en los partidos
Las infracciones administrativas prescriben a los cuatro años y actualmente el Tribunal de Cuentas actúa con cinco años de retraso.
19. El Tribunal de Cuentas tendrá más margen para fiscalizar las cuentas de los partidos
El último informe del Tribunal de Cuentas corresponde al ejercicio fiscal de 2008. Sus informes van a las Cortes, con un documento con la valoración de la Fiscalía, que analiza si del contenido puede derivarse alguna instrucción judicial o responsabilidad penal. Esta institución tiene un presupuesto anual de unos 61 millones de euros y el año pasado duplicó el número de funcionarios para fiscalizar las cuentas de los partidos, hasta alcanzar los 26 profesionales. El Tribunal espera contar con los informes hasta 2011 antes de que acabe el año.
20. Se perfecciona la ley contra el blanqueo de capitales
Los juristas piden más claridad en la ley contra el blanqueo de capitales. Entre enero de 2006 y septiembre de 2012 los notarios comunicaron 2.543 operaciones sospechosas, de las que el 85% ha acabado en instancias judiciales o en las fuerzas de seguridad.
Isabel Pantoja fue condenada en abril a dos años de cárcel y multa por un delito de blanqueo de capitales. Como carece de antecedentes penales, a priori no ingresará en prisión. La Fiscalía ha recurrido la sentencia. El tribunal considera probado que la tonadillera conocía las actividades delictivas de Julián Muñoz y permitió al exalcalde “ocultar” fondos ilegales “permitiendo su impunidad”. Pero no ha podido demostrar que hubiera un delito de blanqueo continuado.