La juez Mercedes Alaya ha emitido un auto en el que pide la imputación en el caso de los ERE fraudulentos de los expresidentes de la Junta José Antonio Griñán y Manuel Chaves; y a los exconsejeros Carmen Martínez Aguayo, Antonio Ávila, José Antonio Viera, Manuel Recio y Francisco Vallejo.
La noticia salta un día después de que Susana Díaz nombrara su nuevo gobierno en el que no ha dejado rastro de ningún miembro de la Junta que hubiera estado relacionado con los ERE. La magistrada eleva al Tribunal Supremo el caso que investiga los ERE.
Estas imputaciones, que suman 123 al caso de los ERE, suceden catorce días después de que Griñán dijera adiós «por el bien de Andalucía». Sobre el caso de los ERE declaró que su marcha no tenía nada que ver con ello.
Los hechos investigados se sitúan entre 2001 y 2010, periodo en el que podría haberse defraudado 130 millones de euros (unos 172 millones de dólares).
Según las investigaciones, se habrían pagado 50 millones en sobrecomisiones a asesorías y bufetes de abogados, unos 73 millones a ayudas a empresas y otros 12 a los llamados «intrusos», personas que se beneficiaron de ayudas pese a no tener relación laboral con empresas en situación de Expediente de Regulación de Empleo (ERE).
Este caso ha lastrado la política andaluza en los últimos tiempos y estuvo presente en la dimisión como presidente andaluz de Griñan, que abandonó el puesto el pasado 27 de agosto para preservar a la presidencia de la «erosión» por este caso.
Griñan sucedió en 2009 a Manuel Chavez, que fue presidente del Gobierno andaluz desde 1990.
Ambos tienen un importante peso político en el Partido Socialista (PSOE), principal grupo de la oposición española, del que Griñán es su presidente desde 2012, cuando sucedió en el cargo a Chaves, que lo ostentaba desde el años 2000.
La juez Alaya acaba de imputar también cuatro delitos a un exjefe de servicio de Trabajo. Diz-Lois llegó a la Audiencia de Sevilla poco antes de las 10,30 horas para comparecer ante la magistrada, que le ha imputado sendos delitos de prevaricación, malversación, no promover la persecución de perseguir delitos y delito societario. Ni la Fiscalía Anticorrupción ni el resto de acusaciones ha pedido medida cautelar alguna para el imputado, que ha quedado en libertad con cargos tras su comparecencia ante la juez.
En un auto dictado el 12 de junio de 2012, consultado por Europa Press, Alaya imputó a Diz-Lois al entender que como jefe de servicio de la Dirección de Trabajo, y en la época de Francisco Javier Guerrero, «era el que realizaba el seguimiento de los pagos«, por lo que «indiciariamente debía conocer y participar, dado su cargo, en el sistema de pagos cruzados, o lo que es lo mismo, pagos sin convenio».
Asimismo, y según la instructora, el imputado también habría participado «en la concentración de ayudas a las mismas empresas; en el incumplimiento de la normativa en materia de subvenciones por la ausencia de fiscalización previa y la ausencia de justificación del destino dado a las ayudas, o en el incumplimiento de los filtros establecidos en el reglamento del IFA o estatuto de IDEA en materia de ayudas sociolaborales«.
Anticorrupción estudia si recurre el auto de la juez Alaya que plantea la imputación de Griñán y Chaves
La Fiscalía Anticorrupción está estudiando la posibilidad de recurrir el auto de la juez Mercedes Alaya en el que plantea la imputación de los expresidentes de Andalucía José Antonio Griñán y Manuel Chaves y cinco exconsejeros autonómicos en la causa en la que investiga los expedientes de regulación de empleo (ERE) presuntamente fraudulentos tramitados por la Junta, informaron a Europa Press fuentes fiscales.
El Ministerio Público, que tiene un plazo de cinco días para recurrir el auto del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, estudia si la resolución judicial se ajusta a derecho y si cumple con la jurisprudencia del Tribunal Supremo en materia de aforamiento.
En un auto dictado este martes, la juez Mercedes Alaya comunica la apertura de un procedimiento «en calidad de imputados» que afecta tanto a Chaves y Griñán como a los exconsejeros Carmen Martínez-Aguayo, Antonio Ávila, Manuel Recio, José Antonio Viera y Francisco Vallejo.
En su resolución, que ha coincidido con la toma de posesión de los nuevos consejeros del Gobierno andaluz, la juez da traslado de las actuaciones y de los próximos señalamientos de declaraciones a todos ellos a fin de que puedan personarse en la causa «si ese fuera su interés».
«Elementos precisos»
Alaya asevera en su auto que el estado de la investigación «presenta ahora unos elementos configuradores mucho más precisos que hace relativamente poco tiempo».
Asimismo, apunta que, «sin variar el núcleo esencial, que sería la concesión de subvenciones al margen del procedimiento legalmente establecido», dichos elementos «oscilan» ahora «desde las sobrecomisiones que supuestamente la Junta permitió cobrar a las mediadoras que gestionaban e impulsaban las pólizas, vehículo de las subvenciones, y ello a cambio de ciertos favores, a las modificaciones presupuestarias que permitieron, en términos indiciarios, desde abril de 2000 ese uso ilícito de fondos públicos».
Para ello, se habrían hecho una «utilización palmariamente irregular de las transferencias de financiación, creando la partida fraudulenta a través de un trasvase de fondos de la partida presupuestaria adecuada para la concesión de subvenciones, que ascendió a más de 93 millones de euros en menos de dos años«.