La Comisión de Interior del Congreso ha aprobado hoy, con el apoyo en solitario del PP, el proyecto de ley de seguridad ciudadana, al que se ha opuesto la oposición en bloque, cuyos portavoces han expresado su voluntad de derogarla si llegaran al Gobierno y de recurrirla por inconstitucional.
Después de tres sesiones de ponencia, en las que se han incluido algunas enmiendas del PP y de otros grupos, el dictamen ha sido aprobado por 23 votos a favor y 16 en contra y se debatirá en el pleno de la Cámara Baja previsiblemente la segunda semana de diciembre, el día 11.
El nuevo proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana ha causado bastante revuelo entre los miembros de la oposición política española y entre los colectivos defensores de los derechos humanos que la han calificado como »Ley Mordaza». Este nuevo proyecto de norma, impulsado por la cartera que dirige Jorge Fernández Día, titular de Interior, ha sido acogido con gran revuelo en España y en Europa. Periódicos británicos como The Guardian se hacían eco desde las tribunas de opinión de cuán represiva es esta ley, diciendo que constituye un ataque a la democracia real, tal y como afirma el periodista Richard Seymour.
El Partido Socialista, en boca de Eduardo Madina, afirmaba que esta ley era «una intentona antodemocrática» y Fernández Díaz y él se enzarzaron en una pelea en pleno Congreso de los Diputados. Este proyecto de Ley es heredero de la Ley Corcuera, que data del año 1992 y que es la que está vigente hasta nuestros días. No obstante esta tampoco estuvo exenta de polémica pues fue y es conocida como la ley de la «patada en la puerta».
El pasado 7 de julio el Consejo de Ministros aprobó la consecución de este proyecto de Ley, que tiene algunos supuestos de nueva redacción y que ha estado sometido a sucesivas enmiendas desde que se anunciara el pasado 29 de noviembre de 2013.
Entre las más sancionadas, con multas de entre 30.001 euros a 600.000 euros, se han eliminado tres y se han matizado dos. Desaparece la falta por «perturbación muy grave de la seguridad en actos públicos», entre ellos «oficios religiosos» y también se ha retirado la convocatoria de concentraciones con «finalidad coactiva» durante la jornada de reflexión y la sanción de la comisión de tres infracciones graves en el plazo de dos años.
Entre las faltas que se han suavizado está la relativa a manifestaciones en infraestructuras críticas donde concentrarse en las inmediaciones ya no será sancionable, y se matiza que los responsables erán «los organizadores o promotores». Siguen siendo muy graves deslumbrar con dispositivos tipo láser a conductores de tren, metro o pilotos de aviones.
Desaparece la ofensa a España del borrador
Han desaparecido las «ofensas o ultrajes a España» y la falta que hacía referencia a manifestaciones que ensacen y justifiquen el odio, el terrorismo, el racismo o la violencia contra la mujer. Lo mismo ocurre con aquellas faltas relacionadas con incitar a realizar actos que atenten con la indemnidad sexual de los menores o personas con discapacidad.
Del último borrador, en el que había un total de 58 infracciones entre leves, graves y muy graves, los retoques y eliminaciones afectan a casi un 57 por ciento, más de la mitad. Además se han introducido seis nuevas faltas por lo que finalmente la Ley tendrá 45 infracciones.
Caso curioso es el del botellón, que quería ser incluido entre las faltas graves, pero que finalmente se quedará en el conjunto de las leves. Además el uso no autorizado de imágenes o datos de miembros de las fuerzas de seguridad de Estado o autoridades se considera una falta grave.
Llevar la cara tapada, agravante
Además se ha retirado la participación en «alteraciones de la seguridad ciudadana con la cara tapada», que será considerado un agravente cuando se trate de imponer una sanción administrativa.
En el ámbito de las manifestaciones frente a las puertas del Congreso o del Senado se mantiene entre las infracciones graves. La perturbación grave de la seguridad ciudadana en protestas no comunicadas ante instituciones del Estado como el Congreso, el Senado, los Parlamentos autonómicos o los altos tribunales, aunque no tengan actividad.
En el capítulo de las faltas leves destaca también la modificación de la infracción relativa a las modificaciones. Se le ha añadido un párrafo que hace referencia al top manta y que prevé establecer sanciones de hasta 600 euros a aquellos que ocupen la vida pública.
Un de las medidas más polémicas, sin duda, es la que modifica la actual Ley de Extranjería.
Entre las enmiendas introducidas a esta Ley el PP aprovechó para »colar» una disposición transitoria que modificaba la ley de Extranjería con el fin de legalizar la figura del »rechazo en frontera» de inmigrantes de Ceuta y Melilla.
En la última sesión de ponencia el PP presentó la redacción final mediante la que matizaba que serán devueltos aquellos inmigrantes que sean detectados en la «línea fronteriza» intentando saltar «en grupo» las vallas fronterizas de Ceuta y Melilla.
En total los grupos parlamentarios han presentado 250 enmiendas al texto de las cuales el PP asegura haber aceptado un total de 80.