Grandes obras, infraestructuras y sobre todo mucho dinero. Esto es lo que tiene el Ministerio de Fomento que parece nublar la honradez de sus dirigentes. Los últimos cuatro ministro que han pasado por esta cartera están o han estado salpicados por algún caso de corrupción.
En 1999, el ministro de Fomento de aquella época Rafael Arias-Salgado tuvo que responder en una sesión parlamentaria a diferentes preguntas sobre las adjudicaciones de obras para el AVE Madrid-Barcelona por el ente gestor de infraestructuras ferroviarias (GIF) tras publicarse que los contratos fueron a empresas de parientes de sus directivos. El expresidente de Renfe Miguel Corsini también tuvo que dar explicaciones ya que una de las empresas beneficiadas, Corsan, era propiedad de su tío. Las adjudicaciones del GIF habían costado en ese momento el cese de dos altos cargos de este organismo, Leonardo Torres-Quevedo, director de construcción, y José Luis García de Viedma, director de Obras, por supuesto trato de favor.
Arias-Salgado también tuvo que explicar el polémico contrato de alquiler de la sede de Correos. Este organismo, dependiente de Fomento, había pactado pagar 2.700 millones de pesetas (unos 16 millones de euros) en cinco años a un empresario, Santos Montoro, que mantuvo negocios inmobiliarios con el director general de Correos hasta 1997 y con el propio Arias Salgado hasta 1991. Ambas polémicas se quedaron ahí y no llegaron a más.
El caso Gürtel persiguió a Cascos hasta Foro de Asturias
Le sucedió en el ministerio Francisco Álvarez Cascos en el año 2000. El actual dirigente de Foro de Asturias está relacionado con uno de los principales caso de corrupción en España, el caso Gürtel. Cascos ha tenido que explicar en varias ocasiones su implicación en los contrataos que se concedieron a las empresas de la red Gürtel por parte de AENA cuando él era ministro. Además las siglas P.A.C lo situarían en los papeles de Bárcenas como supuesto beneficiario de pagos de hasta 980.000 euros.
También se le ha acusado de haber beneficiado a su actual esposa cuando era ministro de Fomento con la compra con cargo al erario público, y sin concurso previo, de obras de arte a la galería dirigida entonces por quien ahora es su cónyuge y a una sociedad de su titularidad por un importe de 3,31 millones. En uno de los últimos informes de la Policía que ha entregado al juez Pablo Ruz definen a Cascos como “el mayor preceptor en la distribución de fondos” de una de las tramas que integran el ‘caso Gürtel’.
Cascos vuelve a aparecer en el informe cuando se citan las relaciones comerciales establecidas en el año 2008 entre una empresa de Luis de Miguel Pérez, el “ingeniero” de Gürtel, con otra cuyo presidente, consejero delegado y máximo accionista era el exministro de Fomento.
Magdalena Álvarez no se libra de los ERE y ya está relacionada con el caso Yogui
Magdalena no sale de una y se mete en otra. La Audiencia Provincial de Sevilla ha rechazado el recurso interpuesto por la exconsejera de Economía y Hacienda y exministra de Fomento Magdalena Álvarez y mantiene su imputación en el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares de Andalucía. El tribunal considera que hay indicios de su implicación en la causa por malversación y prevaricación.
La jueza Mercedes Alaya considera que Álvarez, vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI), es una de las artífices de diseño del sistema ilegal de ayudas a parados y empresas en crisis en la Junta de Andalucía.
La Audiencia considera que hay indicios de supuesto desvío de fondos públicos, que quedó «desmesuradamente incrementado» gracias a la instauración de las transferencias de financiación como método para dotar de dinero las partidas, «arbitrariamente» administradas por la Consejería de Empleo.
El tribunal recuerda que este método de transferencias se introdujo cuando Álvarez era titular de la Consejería de Economía y Hacienda. Aunque «la técnica en sí de la transferencia de financiación no es ilegal», considera que «no es irracional o arbitraria la hipótesis de entender que fuera introducida para propiciar lo que finalmente ocurrió».
Maleni también aparece en el caso Yogui. En 2008, año de adjudicación de la obra que ahora se investiga, y casualmente también en Barcelona, la misma empresa se vio implicada en otra irregularidad. Según denuncia del Partido Popular, el ministerio de Fomento dirigido por Magdalena Álvarez, a través de ADIF, adjudicó la construcción del puesto de adelantamiento y estacionamiento de trenes subterráneo (PAET) en El Prat a Isolux-Corsán «a dedo, saltándose la ley», sin respetar el procedimiento establecido en la Ley de Contratos del Sector Público, por un valor de 18 millones de euros.
La causa contra José Blanco fue archivada
Otro de los ministros que ha dado mucho que hablar y cuyo nombre también se ha relacionado con el caso Yogui es el de José Blanco. El exministro de Fomento fue investigado por el caso Campeón sobre la presunta concesión de subvenciones irregulares a cambio de comisiones a cargos públicos.
La investigación afectó a dos diputados autonómicos y al Ministro de Fomento José Blanco tras las declaraciones hechas por Dorribo, al afirmar que se reunió con el ministro en una gasolinera lucense, previo pago de 200 000 euros al primo de Blanco con el fin de que éste acelerara gestiones a su favor en el Ministerio de Hacienda y de Sanidad.