Una de las variables más llamativas de la encuesta publicada hoy por El Mundo, que sitúa a Esperanza Aguirre en cabeza en la pugna electoral por la alcaldía de Madrid, es que el amplio apoyo que logra entre los votantes populares (44,1%) se produce incluso a pesar de la presunta corrupción de quien fuera su número 2, Francisco Granados.
Y es que las encuestas se realizaron tan sólo días después de que se pusiera en marcha la Operación Púnica, que además de acabar con Granados entre rejas también se llevó por delante a varios alcaldes del PP en la Comunidad de Madrid.
Los analistas pensaban que quizá esta fuera una vulnerabilidad para Aguirre, quien poco después de comenzar la citada operación compareció ante los medios asumiendo sin ambages su responsabilidad por haber confiado en Granados, y pidió perdón, al tiempo que explicó que nada sospechaba de la supuesta corrupción de su ex número 2.
«No puedo, ni quiero, eludir la responsabilidad que me corresponde en los nombramientos de Granados», dijo Aguirre, quien explicó que nunca tuvo «la menor sospecha» sobre el comportamiento del exconsejero de la Comunidad de Madrid, al menos hasta que perdió la confianza en él hace tres años, afirmó entonces.
Repulsa que ha ido más allá de las palabras, ya que recientemente ha puesto en marcha en el PP de Madrid un sistema de elección de candidatos que exige pasar un examen de «aptitud».
Adjudicaciones por valor de 250 millones de euros
La trama en la que fue detenido el ex secretario general del PP Madrid junto a otras 50 personas firmó sólo en los dos últimos años adjudicaciones públicas por valor de 250 millones de euros a cambio de comisiones ilegales. Estas actividades se desarrollaban al menos en ayuntamientos y comunidades autónomas de Madrid, Valencia, León y Murcia, según informó la Fiscalía.
La operación estuvo dirigida por el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, que dirige el magistrado Eloy Velasco, y la Fiscalía Especial contra la Corrupción y el Crimen Organizado. Las detenciones y los numerosos registros los realizó la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.
La Fiscalía detalló entonces «una trama de corrupción municipal y regional infiltrada en varios ayuntamientos y autonomías en los que la connivencia de los ediles municipales y funcionarios, con empresarios de sociedades constructoras, obras y servicios energéticos, y el concierto venal con intermediarios y sociedades instrumentales, les han estado asegurando a aquellos el éxito en las adjudicaciones públicas, por un valor aproximado a 250 millones de euros, tan solo en los dos últimos años, y como contrapartida el cobro de comisiones ilegales, a costa de las Haciendas Municipales y Autonómicas».
Según la SER, entre los implicados también están David Marjaliza, conocido de Granados y que también aparecía en los papeles del método 3 y el presidente de la Diputación de León, Marcos Martínez, quien finalmente tuvo que dimitir de ese cargo y de la alcaldía de Cuadros. La renuncia a los cargos se produjo tras una pugna con el propio partido, que no podía consentir que encabezara la diputación de una provincia un cargo público imputado y, además, entre rejas. De todas formas, Martínez aún conserva sus actas de diputado y concejal.
»Operación Púnica»
Además de los 51 detenidos, en la «Operación Púnica» se llevaron a cabo 259 mandamientos a registros de la propiedad con peticiones de anotaciones preventivas de prohibiciones de disponer, vender, gravar o enajenar de las personas físicas y sociales investigadas en aras de iniciar las acciones de recuperación de activos.
La investigación se inició gracias a la cooperación internacional en enero de este año con la recepción de una comisión rogatoria de las autoridades suizas «por sospechas graves de blanqueo», que fue el origen de una investigación de la Fiscalía Especial, liderando un trabajo conjunto con la AEAT e IGAE y UCO de Guardia Civil, «quienes pudieron presentar en un plazo breve una detallada querella ante la Audiencia Nacional, que inició diligencias en junio de este año».
La operación anticorrupción se saldó con el arresto de 51 personas en Madrid, Murcia, León y Valencia, 259 registros de la propiedad, 400 mandamientos a entidades bancarias y 30 embargos preventivos de vehículos de alta gama de los principales investigados. La trama estaba «infiltrada en varios ayuntamientos y autonomías», según informó la Fiscalía Anticorrupción.
En concreto a la trama se le imputan los delitos de Blanqueo de Capitales, Falsificación de Documentos, Delitos Fiscales, Cohecho, Tráfico de Influencias, Malversación de Caudales, Prevaricación, Revelación de Secretos, Negociaciones prohibidas a funcionarios, Fraudes contra la Administración y Organización Criminal.
La Guardia Civil también registró en el marco de la Operación Púnica el Ayuntamiento de Parla, en Madrid, coincidiendo con la detención por el mismo cuerpo de seguridad de Granados. El alcalde de la localidad, José María Fraile (PSOE), fue detenido. Poco después dimitió.
Dinero en Suiza
Granados, que fue secretario general del PP de Madrid entre 2004 y 2011 y durante años la mano derecha de Esperanza Aguirre, dispuso de una cuenta en Suiza de 1,5 millones de euros entre 1999 y 2013, según informaron las autoridades del país helvético a las españolas. Al ir a sacar de golpe el dinero a finales de 2012, Suiza informó a España de que exsenador Granados había dispuesto de una cuenta millonaria en uno de sus bancos. Se hizo público el 19 de febrero de 2014. Al día siguiente, el día 20,Granados presentó su dimisión.
Tras esta decisión, Granados, que también fue alcalde de Valdemoro y consejero de Presidencia y Justicia del Gobierno de Esperanza Aguirre, estuvo durante un tiempo conservando la presidencia del PP de Valdemoro, que finalmente abandonó. Tras su salida de la política, se fue a trabajar a un banco de inversión francés.
Granados ostentó tres consejerías en los Gobiernos de la expresidenta regional y presidenta del PP de Madrid, Esperanza Aguirre, con la que en los últimos dos años ha discrepado en muchas cosas, según ha reconocido él mismo.
Fuentes del PP de Madrid han destacado que Granados dejó la presidencia del Partido Popular de Valdemoro «muy poco tiempo después» de dimitir como diputado regional y como senador. Lo hizo «por iniciativa propia», han remarcado las mismas fuentes a Europa Press.
Por su parte Aguirre declaró entonces que vería «estupendamente bien» que dimitiera y que era «un gesto de dignidad».
La expresidenta de Madrid consideró entonces que «tener una cuenta en Suiza no es delito pero para un políticos sí». Ya opinaba entonces que aún «falta mucha información» sobre la cuenta en Suiza del senador popular. «Falta mucha información», ya que si las autoridades helvéticas dicen que han comunicado la existencia de una cuenta hasta finales de 2013 y Granados dice que la canceló en 1999 y asegura que repatrió los 300.000 euros con los que contaba «tendrá que haber una documentación», apostilló.
510.000 euros en depósitos, 3 pisos y 4 plazas de garaje en Valdemoro
La declaración oficial de bienes cuando era senador del Partido Popular muestra un patrimonio en cuentas bancarias de 510.000 euros. Así lo firma en una declaración depositada tras su elección en diciembre de 2011. En ella adeudaba a la banca 275.000 euros correspondientes a un préstamo hipotecario contraído en 2007 por valor de 330.000 euros.
Reconoce dos pisos y dos viviendas. Tres de ellas en Valdemoro, además de una finca de naturaleza rústica y una vivienda en Málaga. También declara un coche Volkswagen Tuareg desde el año 1999 y una moto Suzuki Burgmann de 125 centímetros cúbicos adquirida en 2008.
Su declaración muestra que antes de entrar en el Senado ganó como miembro del Ejecutivo de Esperanza Aguirre y de la Asamblea de Madrid un total conjunto de 108.840 euros. A ello se debe sumar los 14.900 obtenidos como intereses de sus depósitos lo que le hizo pagar aHacienda 34.688 euros.
Pero lo que pareció olvidársele al político fueron los 1,5 millones de euros en Suiza desde 1999 de los que no hay rastro en su declaración oficial que está obligado a presentar como cualquier miembro del Senado.