La independencia de Catalunya, además de representar la desaparición del déficit fiscal catalán, proporcionaría una ganancia fiscal a la Generalitat de un 6% del PIB cada año, según el informe sobre ‘Viabilidad fiscal y financiera de una Catalunya independiente’ del Consejo Asesor para la Transición Nacional (CATN)
Para el CATN, no es previsible que el Gobierno catalán tenga problemas transitorios de financiación al tener que asumir las nuevas competencias y servicios como Estado, ya que sitúa a Catalunya como novena potencia europea en función de su PIB.
Sin embargo, sí considera que la independencia de Catalunya tendría unos efectos importantes sobre el presupuesto de la Generalitat ya que este organismo debería asumir nuevas competencias, así como reforzar las actuales. Todo ello se traduciría en un incremento del gasto público.
El Consejo para la Transición Nacional estima que el coste inicial de la independencia de Catalunya sería de entre 4.000 y 5.000 millones de euros al mes, si se declara sin acuerdo con el Estado español, pero que una vez consolidado este eventual Estado le comportaría una ganancia fiscal de unos 11.500 millones al año.
Los hasta 5.000 millones de euros son el equivalente al coste mensual de la Seguridad Social, nóminas de funcionarios, pensiones, paro y gastos corrientes; un gasto global que obligaría al nuevo Govern a obtener financiación mediante tres vías: créditos, emisiones de deuda del Banco Central de Catalunya y «bonos patrióticos» canjeables por impuestos.
Actualmente, los gastos no financieros del presupuesto de la Generalitat se sitúan en los 25.000 millones de euros al año. Por tanto, para que la Administración pudiera seguir funcionando, el CATN estima que se necesitarían durante los primeros meses entre 2.000 y 2.500 millones de euros mensuales.
No obstante, las necesidades de gasto que se deberían cubrir de forma inmediata son las provenientes del sistema de seguridad social, las cuales se sitúan en torno a los 29.000 millones de euros. Esto representa unos 2.500 millones de euros mensuales, que, añadidos a los anteriores, significa que en los primeros meses de la independencia no pactada la Generalitat tendría unas necesidades de financiación mensuales de entre 4.500 y 5.000 millones de euros.
De comportarse el gobierno de Catalunya similar al español, otros gastos a los que tendría que hacer frente la Generalitat serían: el de defensa, el cual representaría los 1.206 millones de euros. Con la transferencia de competencias en seguridad ciudadana, servicios penitenciarios y política exterior el coste se elevaría a los 445 millones de euros.
El segundo gran grupo de políticas de gasto que actualmente realiza el Estado español y que debería asumir la Generalitat lo constituirían las relacionadas con la protección y promoción social y que incluyen los programas siguientes: servicios sociales y promoción social, acceso a la vivienda, fomento de la edificación, y gestión y administración de la Seguridad Social. Este presupuesto se estimaría en los 250 millones de euros.
Por su parte, las políticas de carácter económico, que engloban programas como infraestructuras, transporte y acciones vinculadas al I+D supondrían a la Generalitat 982 millones de euros.
El concepto «transferencias a otras administraciones públicas» debería asumirlo la Generalitat en relación a los gobiernos locales catalanes. En 2011, éstas se cuantificaron en los 2.521 millones de euros.
El CATN estima que el gasto adicional que debería haber asumido la Generalitat si en 2011 hubiera sido un estado independiente hubiese sido de 39.507 millones de euros, de los cuales tres cuartas partes de este gasto (74,07%) irían a parar al Sistema de Seguridad Social, el 6,38% a las transferencias locales y el 6,0/% a los intereses de la deuda.
Seguiría por su volumen monetario el del gasto en defensa (3,05%). “En el supuesto de que el nuevo estado tuviera un ejército con un gasto equiparable a la del actual Estado español”, dice el CATN.
En el informe se explica, sin embargo, que una vez superado el primer impacto económico que representa poner en marcha una estructuras de Estado y, una vez consolidada la independencia, entonces la ganancia fiscal que obtendrían los catalanes se situaría en torno a los 11.500 millones de euros anuales.