El ministro principal de Gibraltar, Fabian Picardo, ha anunciado en una entrevista a El Mundo que va a promover una reforma legal para que los pesqueros de la Línea de la Concepción y Algeciras vuelvan a faenar en octubre. Picardo asegura que van a proponer un cambio legislativo para que 59 buques -400 pescadores- puedan operar, basándose en la antigüedad de su práctica.
Esta promesa de Picardo podría ser un punto de partida para desatascar el conflicto diplomático entre España y el Peñón. No obstante, el responsable del Gobierno de Gibraltar advierte de que los bloques de hormigón de la discordia no se van a retirar, porque «no afectan a la capacidadad de los pescadores para faenar».
El ministro principal argumenta que los bloques se levantaron como respuesta a un problema medioambiental, pero no para dañar los intereses de España.
«No es civilizado obligar a ancianos y niños esperar en colas de ocho horas. Hay que acudir a un tribunal para dirimir las diferencias», sostiene.
Picardo defiende el diálogo entre ambas partes por el «bien de las poblaciones de ambos lados» y aplaude que «España haya aceptado por fin la intervención internacional».
Según sus declaraciones a El Mundo, la última semana de octubre los pesqueros están faenando en aguas del Peñón: «Las cofradías nunca han estado en la diana del Gobierno de Gibraltar. Dijimos que pescaran según nuestras leyes». De cumplirse la promesa de Picardo, volverían a operar 53 barcos de la Línea de la Concepción y 6 barcos de Algeciras. «Aquí no se reconocen derechos adquiridos, sino que es un permiso que se les otorga por la antigüedad de su práctica en la zona».
Los pescadores volverían a trabajar en en el punto donde lo dejaron en marzo de 2012, salvo en el caladero de los bloques, que continuará con el hormigón.
«Gibraltar tiene derecho a crecer, pero lo hace legalmente»
En cuanto a la venta de arena y el tráfico de camiones con piedras, el ministro gibraltareño defiende que La Roca está creciendo de forma legal y tiene derecho a traer arena de donde sea. Señala que el proyecto Eastside Reclamation para ampliar la costa este estará «terminado en cinco o diez años».
El conflicto diplomático de Gibraltar este verano arrancó a finales de julio, cuando Gibraltar lanzó la primera piedra dejando caer 70 bloques de hormigón sobre la bahía, provistos de ganchos para imposibilitar el paso de las redes por el fondo marino. La respuesta española no se hizo esperar: incrementó de forma notable la seguridad del paso fronterizo provocando »colateralmente» interrupciones de más de cuatro horas.
Londres anunció entonces «medidas sin precedentes» y España deslizó algunas de sus posibles respuestas, desde la revisión de las 60.000 líneas telefónicas gibraltareñas que pasan por La Línea, fruto de los Acuerdos de Córdoba, hasta una novedosa tasa de »congestión» aplicable a la entrada y salida del Peñón, de la que quedarían excluidos, por supuesto, los trabajadores españoles.
Las diferencias han llegado hasta Bruselas, que estudia el caso. El Gobierno ha reprocado a la UE su pasividad en el asunto y le recuerda que debe vigilar si cumple leyes comunitarias.