El Consejo de Ministros, a propuesta de Rafael Catalá, ministro de Justicia, ha elegido a Julián Sánchez Melgar como nuevo fiscal general del Estado. El magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo ocupará el cargo en sustitución de José Manuel Maza, que falleció repentinamente el pasado día 18 de noviembre en Argentina.
Con la designación de Sánchez Melgar, uno de los cinco magistrados que admitió a trámite la querella de Maza contra la Mesa del Parlament por los delitos de rebelión, sedición y malversación de fondos públicos, el Gobierno se asegura una vía continuista en los asuntos judiciales derivados del proceso soberanista, según ha confirmado el propio Rafael Catalá.
«La defensa del interés general lo va a hacer una institución, no una persona», matizó el ministro de Justicia tras la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
En teinteresa.es hemos hablado sobre estos asuntos, así como los derivados del proceso judicial abierto contra »La Manada» (los cincos hombres acusados de violación grupal a una joven de 18 años durante los Sanfermines de 2016) con Ignacio González Vega, portavoz de Juezas y Jueces para la Democracia.
Magistrado del Juzgado de lo Penal número 20 de Madrid, también es punto de contacto de la Red Judicial Europea (RJE) en materia penal.
¿Qué le parece la designación de Julián Sánchez Melgar como nuevo fiscal general del Estado?
Es una oportunidad perdida no haber nombrado a una fiscal de consenso. Es decir, una mujer, dado que la carrera fiscal está formada ahora por una mayoría de mujeres. Y fiscal porque creemos que al frente de la fiscalía general del Estado es mejor que esté un fiscal antes que un juez.
Así lo establecían algunos programas electorales de los partidos políticos, entre ellos el Partido Popular y de consenso porque incluso el propio gobierno había dicho previamente que trataría de consensuar el nombramiento del nuevo fiscal general del Estado.
¿Cree que seguirá la línea de su antecesor, José Manuel Maza?
Sobre el trabajo de Sánchez Melgar no nos pronunciamos. Habrá que esperar.
Sobre Carles Puigdemont pesa una euroorden de detención y entrega a petición de la jueza de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela. ¿Por qué cree que el expresident ha huido a Bruselas?
Que el señor Puigdemont se haya ido a Bruselas no es casualidad. Se ha ido a un país que ha tenido problemas jurídicos con España en el pasado, sobre todo en el tema del asilo a miembros de la organización terrorista ETA.
El hecho de que se ha ido a Bruselas probablemente responde a su estrategia de defensa, eludir de momento la acción de la justicia y a su estrategia electoral de cara al 21D.
Si algunos de los exconsellers o el propio Puigdemont, consiguieran un escaño en el Parlament tras las elecciones del 21D, ¿podrían ejercer su actividad parlamentaria con normalidad?
Estar en prisión provisional no impide que se puedan presentar y que puedan obtener el acta de diputado, lo que pasa es que va a resultar difícil ejercer como diputado estando en prisión. Eso es evidente.
Pero entonces, posible es.
Posible es. Pero en una sesión plenaria, los diputados encarcelados tendrían que pedir autorización al juez en cada caso puntual. Es difícil de llevar porque, en principio, estar en prisión conlleva la suspensión del contrato de trabajo. En el caso de estar preso y a la vez llevar una actividad parlamentaria con normalidad es muy complicado.
Un juicio como el que afecta al proceso independentista, ¿dificulta y entorpece la labor de los jueces por la presión mediática?
En estos casos, los jueces se sienten más presionados. Si hay un juicio con mayor trascendencia mediática, sea el que afecta al proceso independentista o el caso »La Manada», evidentemente los jueces se sienten más presionados, pero no pasa como con los miembros del jurado, que son más vulnerables a las presiones.
Los jueces, por su oficio, están más acostumbrados a la presión de la sociedad y de la calle. Son, por tanto, más inmunes. Creo que una persona que ejerce de juez, como la señora Lamela, después de tantos años y ahora en un puesto tan relevante como el de la Audiencia Nacional, probablemente no sea una profesional que se sienta tan condicionada por la opinión pública y los medios de comunicación.
La jueza Carmen Lamela ha remitido al Tribunal Supremo la causa contra los «Jordis» y el Govern cesado para que asuma toda la investigación sobre el proceso independentista. ¿Es una decisión acertada?
Sí, creo que es correcta. Los delitos de rebelión y sedición son delitos en los que, para evitar la continencia de la causa, se investiga y enjuicia en un único tribunal.
Hablando sobre la causa que investiga a los miembros de »La Manada». Uno de los abogados de la defensa presentó un informe (ya retirado), a raíz de la contratación de un detective privado que espiaba a la víctima de la presunta violación grupal. ¿Por qué se admite un informe así como prueba para defender a los acusados?
Esa prueba se admite, no porque se esté enjuiciando la conducta de la supuesta víctima, sino para determinar los daños morales que puede percibir como indemnización. Es decir, para ver el sufrimiento que ha podido tener esta mujer como consecuencia de una supuesta violación múltiple, ya que en los delitos por violación siempre hay una indemnización por daños morales y sufrimiento.
Por eso esa prueba, para ver su vida posterior, es pertinente para cuantificar el daño moral. La prueba es pertinente no para valorar cómo la víctima se comporta o no, si no simplemente su comportamiento a efectos de cuantificar el importe de los daños morales y el sufrimiento causado. No es un juicio que se esté haciendo a la víctima.
Sobre el juicio. ¿Qué le parece que se haya realizado a puerta cerrada?
Me parece bien porque los jueces han sido garantistas. Primero, porque se ha tratado de preservar el anonimato de la supuesta víctima, su dignidad y sus derechos como persona. Y segundo, porque los acusados gozan de presunción de inocencia.
Por tanto, para evitar estigmatizarlos hasta que haya una condena firme, no me parece descabellado que se trate de preservar también la identidad los acusados.
¿Cuál es el problema? España tiene un régimen muy permisivo de entrada de los medios de comunicación en las salas de vista.
Entonces, ¿cómo se puede dar información de lo que acontece en el juicio? Creo que, en estos casos, más que las partes, lo interesante sería que fuera el Ministerio Fiscal el que informara sobre lo que está aconteciendo en el juicio.
El Ministerio Fiscal considera probados los hechos por los que se juzga a los acusados y pide 22 años y diez meses de prisión. ¿Cómo cree que terminará la sentencia?
Los hechos son muy graves, con lo cual no sería descabellado que la sentencia terminara con 22 años y diez meses de prisión para los acusados de la presunta violación grupal.