¿Profesores sin autoridad en las aulas? Es la conclusión a la que ha llegado el observatorio británico Ofsted, que culpa a los alumnos alborotadores de interrumpir una y otra vez las lecciones. El informe también responsabiliza a los profesores de la pérdida horas lectivas: son ‘demasiado’ blandos.
El caso de Reino Unido no es una excepción. El informe británico se podría trasladar a nuestro país sin problemas. De hecho, a raíz de las bajas por estrés y ansiedad que sufrían muchos docentes, causas por las que no podían impartir clase, la Asociación Nacional de Profesores de la Enseñanza (ANPE), decidió crear el Defensor del Profesor, un servicio de atención inmediata y gratuita para docentes víctimas de situaciones de conflictividad y violencia en las aulas.
De hecho, según la última memoria del Defensor del Docente, la de 2013, uno de cada cinco profesores no puede dar clase: el 21,6% de los docentes tiene alumnos que distraen a menudo, el 18% dice sufrir acoso y amenazas en clase y el 5% ha sufrido agresiones por parte del alumnado. Hasta un 8% sufre presiones para cambiar la nota.
Protección jurídica para estos casos
“Es verdad que al inicio de cada clase hay un tiempo que se pierde”, reconoce Sonia Gómez, secretaria de comunicación en ANPE. ¿La solución? Gómez propone distintas fórmulas: que el profesor haga llegar estos casos a tanto a la dirección como a la inspección, crear un plan de actuación… O aplicar los decretos de convivencia.
Estos últimos son un ‘paraguas’ jurídico que desde las distintas comunidades autónomas -en cuyas manos recaen las competencias educativas- crearon para normalizar la situación y frenar a los alumnos rebeldes.
Madrid fue pionera en fomentar estos decretos de convivencia: lo promulgó en abril de 2007. El BOCM que publica el decreto habla de la necesidad de crear un marco legal para buscar una convivencia ‘pacífica’ en los centros escolares.
El artículo 3 del decreto, donde se regulan las normas de conducta, en su punto número 4. d), otorga autoridad a la figura del profesor. Ahí se citan las obligacines del alumno, tales como la asistencia a clase, el cuidado a las instalaciones, la puntualidad… Y el “respeto a la autoridad del Profesor” (con mayúsculas), “tanto dentro de la clase como en el resto del recinto escolar”.
Siete años después de crear esta ley, Sonia Gómez afirma que no es suficiente, no por su contenido, sino por su alcance. “Muchas veces se queda en la teoría y no se ponen en práctica del todo”, cuenta a teinteresa.es.
“Los alumnos conocen sus derechos… pero no sus obligaciones”
El problema de las normas es que no siempre se cumplen. Y no siempre se conocen. “El alumnado desconoce esas normas de conducta. Conoce muy bien sus derechos pero desconoce sus obligaciones”, explica la secretaria de comunicación de ANPE. El alumno debe saber que algunos actos tienen consecuencias negativas.
Los alumnos más inquietos agotan emocionalmente a los profesores. Es más, hasta el 65% de los profesores de Primaria, Secundaria y Bachillerato sufre el denominado síndrome del »burnout», un trastorno que se traduce en estar quemado por una relación personal dura, intensa y frustrante con alumnos.
Mayor autoridad para el profesor
La legislación se reforzó a través de la Ley de Autoridad del Profesor, que protegía aún más, en el marco jurídico, la figura del docente. Inmaculada Suárez, coordinadora del servicio del Defensor del Profesor, aplaudió en su momento, tras mucho pelear, la llegada de la Ley de Autoridad del Profesor. “Fue un paso muy importante”, valora Suárez.
¿En qué consiste esta ley? Por un lado, está la presunción de veracidad del docente. Es decir, la palabra del profesor está por encima de la del alumno. Por otro, el que denuncia tiene que demostrar los hechos, y la denuncia puede acabar en delito penal y no simple falta en los peores casos. “Delitos que acarrean incluso la cárcel y una indemnización y no solo una multa”, explica Inmaculada Suárez.
En suma, la ley establece que el reconocimiento como autoridad pública del profesorado en el ámbito penal supone que las agresiones o intimidaciones graves al profesorado deben ser calificadas como delitos de atentado a la autoridad (artículo 550 del Código Penal), lo que agravará significativamente las condenas por dichos actos.
En cuanto a la LOMCE, y en lo que respecta a la autoridad del docente, la ley Wert sigue reconociéndola y refuerza su figura. “Pero queda mucho por hacer”, añade Suárez.
¿Endurecer la ley?
En contra de lo que piden los profesores británicos, la ANPE no apuesta por la vía de la ‘mano dura’. El sindicato aboga por el respeto, el diálogo, el entendimiento y la comprensión. Su secretaria de comunicación propone algunas medidas: “Hablar con el alumno si no lo entiende, implicar a su familia, incluso a sus compañeros, hacérles ver que ese comportamiento no es aceptable”,
¿La solución?
No hay una ‘fórmula mágica’ para que los alumnos más alborotadores no interrumpan la lección. Existen varios protocolos de actuación. “Es importante la concienciación de la sociedad”, señala Suárez, quien echa la culpa a los políticos porque “muchas veces” desprestigian la figura del profesor en sus declaraciones. “Se les cuestiona profesionalmente y eso deja un poso en la sociedad que influye”, puntualiza.
La responsabilidad también caen en manos de los padres. “Los padres deben entender que al educar a sus hijos, tanto ellos como los profesores van unidos”, afirma Suárez. Los padres también necesitan »ir a clase».
La concienciación no es la única vía. Suárez propone introducir trabajos sociales en los centros educativos. Es decir, “añadir al régimen de expulsión la realización de trabajos positivos que sean válidos de cara a la sociedad”, porque “trabajar para los demás es importante para fomentar el compañerismo”.