La asociación Jueces para la Democracia (JpD) ha censurado las «descalificaciones», los «ataques personalizados y las adjetivaciones personales» que se han vertido contra la sección de la Audiencia Nacional y, especialmente, contra el magistrado Ramón Sáez Valcárcel, ponente de la sentencia absolutoria del asedio al Parlament.
La asociación judicial ha recordado que las sentencias deben ser objeto de crítica, «preferentemente con argumentos jurídicos», pero ha cargado contra las «descalificaciones» al ponente que han estado acompañadas de comentarios tendenciosos sobre otras resoluciones anteriores en las que ha participado. «Estas críticas resultan claramente injustificadas y olvidan que esta sentencia y las anteriores han sido siempre acordadas con la opinión favorable de otros magistrados, habitualmente por unanimidad«, ha añadido.
Para Jueces para la Democracia, resulta preocupante que desde el poder político y desde otros ámbitos se pretenda utilizar a la judicatura como un instrumento de sus aspiraciones, con unos objetivos a menudo poco disimulados de que el poder judicial dicte sentencias ejemplarizantes para servir a dichos fines.
Ha advertido así de que en un Estado de Derecho la judicatura debe actuar con «plena independencia» en los procesos y limitarse a aplicar las leyes y los principios constitucionales.
En este sentido, ha apuntado que la Audiencia Nacional consideró que no había quedado acreditado que los acusados hubieran participado en los delitos por acciones concretas por los que se formulaba acusación y que la mera participación en las protestas quedaba amparada por derechos fundamentales, como la libertad de expresión y el derecho de manifestación.
La asociación ha defendido que la sentencia del asalto al Parlament cumple «ampliamente» el principio de motivación, aunque pude ser impugnada con razonamientos jurídicos y confirmada o revocada por otro tribunal independiente.
Por su parte, el portavoz de la asociación Francisco de Vitoria, Marcelino Sexmero, precisó que el tipo penal invocado por la Fiscalía –delito contra las altas instituciones del Estado– es antiguo y poco aplicado, además de prever penas graves, por lo que requiere un especial esfuerzo probatorio. Los acusados lo eran colectivamente, como autores de «delito masa», que castiga a los partícipes por el mero hecho de «estar ahí».
Por tanto, el riesgo que se asumía al acusar por él es que se haya dictado un fallo absolutorio como éste, por no haberse contado con prueba suficiente y, además, en el actual entorno social.
Por eso se pregunta si hace falta acudir a tipos penales especiales, que conllevan la competencia de la Audiencia Nacional, en vez de moderar las acusaciones para limitarlas a delitos que hubiesen podido ser investigados por un juzgado de Barcelona.
Sexmero ha hecho un llamamento a la moderación y ha advertido de que «no hace falta acudir al precepto del Código Penal más grave» para pretender del tribunal un pronunciamiento excesivo. «Si todos somos moderados, quizá no existiría el resultado que se ha procudido», ha sentenciado.
La Fiscalía, el Govern y el Parlament, recurrirán
El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, ha mostrado su «absoluto desacuerdo» con la sentencia de la Audiencia Nacional que absuelve a 19 »indignados» acusados por el bloqueo del Parlament el 15 de junio de 2011 y ha anunciado que la recurrirán ante el Tribunal Supremo.
En declaraciones a los medios antes de la reunión del Consejo Fiscal, que por primera vez se realiza en Barcelona, Torres-Dulce ha valorado que la actuación de los acusados son «hechos muy graves que afectan a la soberanía democrática del Parlamento».
Por ello, ha explicado que el fiscal jefe de la Audiencia Nacional ya ha anunciado que presentarán un recurso de casación ante la sala segunda del Tribunal Supremo «para que decida quién tiene la razón jurídica», si el tribunal o la Fiscalía.
«Nuestras tesis eran acusatorias, y estamos en absoluto desacuerdo, con todo el respeto para las decisiones judiciales», ha valorado Torres-Dulce, que ha asegurado que es un tema que como fiscal general le parece grave y le preocupa.
Ha puntualizado que, con el recurso, quieren llevar a debate sus tesis «porque las afirmaciones que se hacen de doctrina sobre el tipo penal merecen una revisión por el más alto tribunal para que fije en casos similares».
Antes del Consejo Fiscal, Torres-Dulce y los miembros del Consejo se han reunido a primera hora con el presidente de la Generalitat, Artur Mas, y el conseller de Justicia, Germà Gordó, y después el fiscal general ha tenido un breve encuentro en la misma Fiscalía de la Ciudad de la Justicia con la delegada del Gobierno en Catalunya, Llanos de Luna.