El exdiputado madrileño del PP y exconcejal de Pozuelo de Alarcón Mario de Utrilla, investigado en el caso Púnica, ha testificado hoy en el caso Gürtel que el exalcalde y acusado Jesús Sepúlveda no le ordenó contratar con el presunto cabecilla de la trama, Francisco Correa.
Mario de Utrilla, que también fue alcalde de la localidad madrileña de Sevilla la Nueva, ocupó entre 2003 y 2007 varios cargos en Pozuelo de Alarcón: primer teniente de alcalde, concejal de coordinación general y edil de Cultura y Festejos.
Ha recordado que en aquella época era el concejal que manejaba más presupuesto de libre disposición, entre ocho y diez millones de euros, y que a pesar ello Jesús Sepúlveda «jamás» le dijo que contratara con Correa.
Hoy han comparecido testigos propuestos por el acusado Jesús Sepúlveda, que fue alcalde de Pozuelo de Alarcón entre 2003 y 2005, senador entre 1993 y 2003 y exmarido de la que fuera ministra de Sanidad Ana Mato.
Jesús Sepúlveda, único de los 37 acusados que ha estado hoy presente en la vista, se enfrenta a una petición de la Fiscalía de 15 años y cuatro meses de prisión, al estimar el Ministerio Público que recibió de la trama en seis años 546.457 euros, la mayor parte en dinero.
Según la Fiscalía también le pagaron supuestamente a él y a su familia viajes y fiestas de cumpleaños y entre 1996 y 2009 compró cuatro coches de alta gama.
Mario de Utrilla ha recordado que en 2003 el alcalde, Jesús Sepúlveda, delegó las competencias de adjudicación de contratos a la Concejalía de Hacienda, de la que fue titular el también acusado Roberto Fernández, y a la Junta de Gobierno local «para evitar responsabilidad personal».
El testigo ha sido preguntado por el 31 Congreso Nacional de Parques y Jardines, que tuvo lugar en Pozuelo entre el 1 y el 4 de junio de 2004, para cuya organización se contrató por la vía de urgencia a una empresa de la trama, la única que concurrió al concurso público celebrado.
Mario de Utrilla ha explicado que se recurrió a dicha empresa ante la falta de medios del Ayuntamiento para un evento de tal magnitud, ha asegurado que se siguió el procedimiento administrativo y ha apostillado: «El Ayuntamiento de Pozuelo tiene técnicos propios de gran nivel y estábamos muy tranquilos».
En cuanto a que solo se presentara una empresa licitadora ha comentado que lo normal es que hubiera varias pero eso en ocasiones ocurre en todos los ayuntamientos y «no pasa nada» pues «la tramitación fue correcta» y ha comentado que «por la vía de urgencia se aprobaban muchas cosas y no limitaba la concurrencia».
Hoy también ha testificado el ingeniero técnico de Obras Públicas Jerónimo H.S., que figura como firmante en su condición de representante de una Unión Temporal de Empresas (UTE) en un contrato con el Ayuntamiento de Pozuelo para obras de asfaltado en 2004.
La fiscal le ha preguntado por una subcontratación que dicha UTE realizó con Constructora Hispánica, cuyo expropietario Alfonso García-Pozuelo se encuentra entre los acusados en este juicio.
El testigo ha explicado que antes de que se aprobara la adjudicación acordó en un bar con representantes del ayuntamiento de que si finalmente se les concedía las obras subcontrataría a dicha empresa dado que la UTE no tenía suficiente personal preparado y para repartirse las zonas de actuación de las obras de asfaltado.
Ha añadido que se acordó bajo «la instrucción y el apadrinamiento» del ingeniero técnico municipal y un ayudante suyo con los que se reunió y ha apostillado: «Cuando fuimos adjudicatarios se llevó a la práctica» dicha subcontratación.
Por su parte, el jefe del Departamento de Asuntos Jurídicos y Contratación del Ayuntamiento de Pozuelo, Aniceto B.M., ha recordado que para una mayor transparencia en 2003 se incluyó entre los miembros de las mesas de contratación a un concejal de la oposición, del PSOE, que generalmente se abstenía por razones políticas.
También ha testificado Mariano Pérez-Hickman, que fue concejal de varias áreas en Pozuelo desde 1991 a 2011, que ha asegurado que con la llegada de Jesús Sepúlveda a la Alcaldía no observó cambio alguno en el sistema de contrataciones en el ayuntamiento, mientras que la tesorera municipal ha asegurado que el alcalde no le dio nunca instrucciones de pagos.