El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes el anteproyecto que adapta la legislación española sobre Eurojust a la normativa europea y obliga al Ministerio de Justicia a enviar un informe anual sobre las actividades del miembro nacional al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y a la Fiscalía General del Estado.
A propuesta del ministro Alberto Ruiz-Gallardón, el Gobierno ha dado luz verde a este anteproyecto de ley que fija los requisitos y competencias de la delegación nacional y busca mejorar la coordinación con La Haya para «gestionar los casos de la manera más eficiente posible y garantizar que la información suministrada y obtenida sea siempre fiable».
Entre otras novedades, los magistrados de enlace serán elegidos entre miembros de la Carrera Judicial o del Ministerio Fiscal con, al menos, 15 años de servicio en la Carrera y no con cinco años como hasta ahora.
El anteproyecto establece que la delegación española en Eurojust estará formada, como mínimo, por un miembro nacional, un adjunto y un asistente, mientras que hasta ahora solo obligaba a tener un representante.
Para ello, regula la figura del miembro nacional adjunto, con sede en la Haya y con plena capacidad para sustituir al miembro nacional e incorpora el puesto de un asistente que podrá tener su lugar de trabajo en Eurojust o en Madrid. El Consejo de Ministros aprobará los nombramientos de la delegación española por Real Decreto para un periodo de cuatro años.
EVITAR DUPLICIDADES EN MATERIA DE COORDINACIÓN
En materia de coordinación, el texto determina los casos que corresponde tratar a Eurojust, establece las autoridades competentes a las que pedir información y facilita las relaciones de los miembros nacionales con la unidad nacional de Europol.
Según ha informado el Ministerio de Justicia, la designación de un único responsable del sistema de coordinación nacional evitará duplicidades y mejorará la trasmisión de información para aumentar su eficacia operativa.
Además, el anteproyecto regula las redes judiciales para reforzar la cooperación judicial entre los Estados y la figura de los magistrados de enlace, debido a sus relaciones privilegiadas con Eurojust y el carácter complementario de esta figura para facilitar la cooperación jurídica internacional.