El exconsejero, quien fue excluido de este procedimiento por el juez instructor y, después, por la Audiencia Provincial de Sevilla, ha declarado como testigo este lunes en el juicio que celebra la Sección Primera contra 22 ex altos cargos de la Junta, entre ellos los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, por el procedimiento específico por el que se concedían las ayudas sociolaborales a trabajadores y a empresas en crisis en los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares.
Recio, a preguntas del abogado de la acusación del PP-A, ha asegurado que no se destruyeron documentos comprometidos para la Junta en la Consejería de Empleo en la revisión de expedientes de concesión de las ayudas investigadas que puso en marcha su departamento a partir de noviembre de 2010, después de que saltara a los medios posibles irregularidades en el ERE de Mercasevilla.
Sobre este asunto, el que fuera director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta Francisco Javier Guerrero –procesado en esta causa– declaró ante la Guardia Civil en enero de 2012 que, tras su salida de la Consejería de Empleo, «tiene conocimiento» de que «se han destruido» documentos a raíz de que surgió el «escándalo» de Mercasevilla.
Durante su declaración como imputado ante la Guardia Civil, Guerrero dijo que hasta abril de 2008, cuando dejó su cargo, los expedientes «iban completos». No obstante, «tras su salida han pasado» dos nuevos directores generales –Juan Márquez y Daniel Alberto Rivera– y «tiene conocimiento por funcionarios que no quiere identificar que se han destruido documentos a partir de que surge el escándalo de los ERE fraudulentos en Mercasevilla», tras lo que añadió que el responsable de «velar» por que los expedientes estuvieran completos era él.
Nombrado consejero por Griñán, con la llegada de Recio a la Consejería Justo Mañas sustituye como viceconsejero a Agustín Barberá –encausado en este procedimiento–, y Daniel Rivera a Juan Márquez –también procesado en esta causao– al frente de la Dirección General de Trabajo, manteniendo a la también enjuiciada Lourdes Medina como secretaria general técnica, por ser una persona de un perfil «adecuado».
Precisamente, sobre Lourdes Medina ha indicado que siempre actuó de manera «delicada» para tratar este caso que se está juzgando. «Me pidió irse y le pedí que se quedara. Afortunadamente, dado su comportamiento moral y ético, no se fue», ha añadido.
MECANISMO DE REVISIÓN
El exconsejero ha explicado a este respecto que toma conocimiento del programa presupuestario 31L, a través del que se pagan las ayudas concedidas por la Dirección General de Trabajo, en noviembre de 2010 cuando salen en prensa las posibles irregularidades en el ERE de Mercasevilla. Entonces, según ha recordado, ordena al viceconsejero y al director general de Trabajo que miren si son ciertas las noticias.
A continuación se pone en marcha un mecanismo de revisión, dándose traslado al Juzgado de Instrucción número 6 de lo encontrado. Además, se conforma un equipo técnico de funcionarios para revisar todos los expedientes de ayudas, localizando en ellos ‘intrusos’. Igualmente, se amplía la elaboración de información reservada y el análisis de más convenios, no sólo los que afectan a ERE «vivos», que aún se estaban pagando, sino también a los ya pagados y las ayudas a empresas.
Ha indicado que inicialmente se detectaron «entre 70 y 80 intrusos», personas de las que no constaba relación laboral con las empresas a la que se había otorgado el ERE. Además, ha añadido que se detectaron «discrepancias administrativas por falta de información o documentación y también casos correctos». Igualmente, se iniciaron procesos de revisión de oficio, detectándose incluso «irregularidades en el proceso de tramitación» de las ayudas.
«PLENA CONFIANZA DE GRIÑÁN»
En este sentido, Recio ha manifestado que en este procedimiento de revisión contaban con «libertad y plena confianza» para actuar por parte del presidente de la Junta, José Antonio Griñán.
El «objetivo» de Recio, según ha precisado, era «delimitar la veracidad de las informaciones publicadas, saber si había irregularidades y la revisión de los funcionarios para ver qué procedimiento aplicar en adelante».
En este sentido, ha indicado que tras el proceso de revisión y «a la vista de que había problemas», da orden al viceconsejero para poner en marcha un procedimiento de concesión de ayudas, que se regula en la orden de 1 de abril de 2011, para que «no se vuelvan a dar esos problemas». «Se aborda la problemática y se da solución a la misma», ha añadido. Para estar orden se contó, según ha precisado, con informe del gabinete jurídico, lo que le daba «tranquilidad».
En este contexto, a solicitud de la Consejería de Empleo, el Consejo de Gobierno pidió a la Cámara de Cuentas la revisión de las ayudas concedidas por la Dirección General de Trabajo desde 2001-2010. Sobre las conclusiones de la Cámara, como el uso «irregular» de las transferencias de financiación, la «vulneración» de la normativa, el desfase en las cuentas de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA) –ente que materializaba el pago de las ayudas– o la ausencia de fiscalización previa, Recio ha dicho que no tenía conocimiento de todo esto antes.
El exconsejero ha asegurado que la instrucción que le dio a su equipo es que «en el momento que vieran un problema o ilícito, dieran traslado a la autoridad competente sin necesidad de consultarme». «No se tenía conocimiento previo de ilegalidades», ha afirmado.
Sobre el cambio de sistema usado en 2010, pasando de las transferencias de financiación a la encomienda de gestión, Recio ha señalado que fue impulsado por el anterior equipo de la Consejería, al frente de la que estaba Antonio Fernández –procesado en esta causa– conociendo él la existencia de la encomienda de gestión «una semana antes de firmarla y no poniendo dudas sobre la misma». En este sentido, ha añadido que tampoco era consciente de que el cambio de sistema fuera «algo importante, sino un proceso de mejora administrativa».