El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha citado a declarar como investigados, antes imputados, a nueve miembros de diferentes ayuntamientos de la Comunidad de Murcia controlados por el Partido Popular, por su relación con la trama Púnica.
En concreto, declararán el exjefe de gabinete del actual presidente de Murcia, David Conesa, el exalcalde de Molina del Segura, Eduardo Contreras, el exjefe de gabinete de la Alcaldía de Cartagena, Francisco Ferreño y dos empleadas de los ayuntamientos, María del Mar Conesa y Marta García Rivas.
En dos providencias a las que ha tenido acceso Teinteresa.es, el juez explica que el exjefe de gabinete murciano concertó con empresas vinculadas a Alejandro de Pedro, uno de los principales empresarios de la trama, el «amañe de contratos de formación para la Consejería de Educación de Murcia» de la que era responsable.
Contratos con De Pedro en Murcia y Cartagena
Así, le considera «cooperador necesario connivente» para que los trabajos para limpiar la imagen de entonces consejero de educación y actual presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, se pagasen con dinero público y »favores» de futuros contratos de formación. Estos actos podrían suponer delitos de fraude y malversación de caudales públicos, según el juez instructor.
En Cartagena, por su parte, la investigación apunta hacia el entonces jefe de gabinete de la Alcaldía, Francisco Ferreño que tendrá que explicar el supuesto «amañe de contrantos de publicidad turística» también con las empresas de De Pedro. Así, el juez explica en el auto que Ferreño autorizó «sufragar con dinero público, previsto para campañas de publicidad, trabajos particulares como la creación de un diario digital en Cartagena y los honorarios de un periodista».
Sobre el exalcalde de Molina del Segura, Velasco narra que «estaba al tanto y compartía» la actividad tendente a «distraer caudales públicos para fines particulares de influencia política», es decir, las campañas de reputación online a cambio de los mencionados contratos públicos en la ciudad de Murcia, en este caso relacionados con Industria y Turismo.
Las empresas de De Pedro también imputadas
Además de a estas cinco personas físicas, el juez llama a declarar como investigados a los representantes de cuatro empresas, entre ellas, Eico On Line y Madiva Editorial y Publicidad. Ambas empresas tendrán que responder por un supuesto delito de cohecho por «ofertar y prestar servicios de asesoramiento y reputación online» con «usuarios ficticios que no dudó en usar, o creación de diarios digitales con puesto de periodista retribuido incluido».
Para pagar estos servicios, explica el magistrado, se pagaban «inserciones publicitarias redundantes e innecesarias y por encima del precio de mercado o mediante la adjudicación de innecesarios contratos públicos».
Pr su parte, las entidades Duravit & Marset Group y Linkatic, deberán declarar por un supuesto delito de cohecho como cooperadoras necesarias, pues según Velasco, «sabiendo que las empresas de Alejandro de Pedro prestaron servicios de asesoramiento y reputación online a particulares confeccionando una oferta ficticia» para simular que existía un concurso público.
Velasco pide también las declaraciones como investigados del hermano de De Pedro, Adrián, por ser el responsable de los trabajos informáticos y director de algunos de los trabajos de reputación. El magistrado dice que es conocedor y cooperador necesario de los contratos que hizo la empresa con la Región de Murcia y, por ello, le investiga por los delitos de malversación de caudales públicos, aprovechamiento de información reservada y fraude.
Asimismo, le acusa de un delito de pertenencia a organización criminal, ya que considera que junto a su hermano y su socio José Antonio Conesa realizó trabajos reputacionales en internet «de manera concertada, coordinada, estable y prolongada en el tiempo».
Tanto las empresas como los expolíticos imputados deberán pasar por el Juzgado de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional los próximos 4 y 5 de octubre.