El secretario general de la Administración General del Estado (AGE) de CC.OO., José Manuel Vera, ha señalado que no se han cumplido las altas expectativas que había levantado el Gobierno tras los anuncios previos a la celebración de la reunión, relacionados con la devolución de la paga extra a los funcionarios y de los días de asuntos propios. De esta manera, ha calificado la reunión como un «banderazo electoral», que equipara con el anuncio de la rebaja del IRPF.
Más allá del calendario de negociación que les ha ofrecido Beteta, Vera ha indicado que no se ha abordado ninguna cuestión relacionada con «los derechos robados a los empleados públicos», ni otras específicas de la Administración General del Estado (AGE), como conocer la oferta de empleo público. Asimismo, ha señalado que se debe abordar la forma en que se van a trasladar las condiciones pactadas en el III Acuerdo de Negociación Colectiva al personal de las administraciones públicas.
En esta línea, Vera ha señalado que hay aspectos donde no cabe la negociación, sino donde es necesaria la restitución de los derechos del conjunto de las administraciones públicas y en particular de la AGE.
Por su parte, el secretario federal de la AGE de UGT, Carlos Álvarez, también ha exigido concreción al Gobierno, ya que los empleados públicos «no se van a conformar con migajas». Así, ha insistido en que unos servicios públicos de calidad pasan por un incremento del empleo público, por lo que el acuerdo que UGT plantea se centra en «la recuperación no solo de los derechos, sino también del empleo», aspectos en los que los trabajadores del sector «han perdido en los últimos años».
En esta misma línea, el presidente del CSIF, Miguel Borra, ha señalado si las expectativas creadas por el Gobierno no se ven satisfechas en los Presupuestos de 2016, los empleados públicos «tomarán nota». Así, ha recordado que existen 2,5 millones de empleados públicos que están «cabreados» y que en los próximos meses «acudirán a las urnas».
Además, Borra considera que el país en estos momentos «puede asumir el gasto» de reponer a los funcionarios el 75% de la paga extra sustraída en 2012 y que aún no se ha devuelto. Asimismo, ha exigido al Gobierno que los servicios esenciales tengan una tasa de reposición superior a la actual, que es del 50%.