Por órdenes jurisdiccionales, las cifras tienen sin embargo distinta lectura e intensidad, ya que todas registran descensos, especialmente en el ámbito civil y el contencioso, y sobre todo en la segunda instancia, por la repercusión que ha tenido fundamentalmente la ley de tasas. Además, en esta bajada también han tenido incidencia otros dos factores: la no recurribilidad de procedimientos civiles de cuantía inferior a 3.000 euros, así como la obligada imposición de costas en el orden contencioso administrativo, que ya significó en el año 2012 un descenso del 25 por ciento.
En cualquier caso, y según ha puesto de manifiesto Lorenzo del Río, se mantiene una tasa de ingresos «demasiado elevada», que impide, «con los actuales recursos y déficit organizativo», dar una respuesta «de calidad y en tiempo razonable». Andalucía sigue con un porcentaje en torno al 20 por ciento de la litigiosidad nacional, con una tasa de 220 asuntos ingresados por cada 1.000 habitantes, «por lo que, mucho nos tememos, que seguirá siendo, un año más, la más alta de España».