Según ha explicado a Europa Press el concejal de Seguridad y Vialidad, Manuel Sánchez, las condiciones del pliego son «bastante abiertas» en incluso se podría adjudicar la gestión a varias entidades financieras.
Los cálculos de Sánchez apuntan a que serán unas doce entidades las que puedan optar a esta adjudicación y que tienen de plazo hasta el 13 de febrero para presentar sus ofertas. La concesionaria tendrá que asumir la renovación de las en torno a 200.000 tarjetas de bonobús, que tendrán que ser «totalmente nuevas» para que funcionen sin necesidad de introducirlas en la máquina canceladora.
También se tendrán que encargar de la sustitución de las terminales portátiles de los quioscos en las que se puede recargar las tarjetas, así como del mantenimiento del servicio.
Los dispositivos de los autobuses ya se encuentran instalados desde hace tiempo y el sistema ha funcionado a modo de prueba con las tarjetas de trabajadores de la empresa y de los jubilados y pensionistas.
La adjudicataria no obtendrá, según los pliegos, contraprestación económica, sino tan sólo la cesión de espacios publicitarios en las propias tarjetas, los billetes, mapas del servicio de autobús, en los puntos de información de las paradas y en un 10 por ciento de la carrocería de los vehículos.