Los sindicatos UGT y CC.OO han instado hoy al consejero de Fomento de Castilla y León, Antonio Silván, a que lidere un debate público con el fin de definir el servicio ferroviario del futuro en la Comunidad y, de forma paralela, han reclamado al Ministerio del ramo una moratoria en su política de supresión de servicios de media distancia, a la espera del resultado de ese estudio de necesidades que, según han coincidido, debería estar concluido antes de que finalice el verano.
Así lo han reclamado hoy los secretarios regionales de Servicios a la Ciudadanía de CC.OO y de Transportes de UGT, Carlos López Inclán y Pedro Aller, respectivamente, en un manifiesto reivindicativo, suscrito por más de ochenta entidades, organizaciones e instituciones, que ha sido entregado en mano al subdelegado del Gobierno en Valladolid, José Antonio Bermejo, y más tarde al director general de Transportes de la Consejería de Fomento, José Antonio Cabrejas.
Coincidentes en que la política de supresión de servicios de Renfe Operadora tan sólo atiende a criterios estadísticos y deja de lado las necesidades de los usuarios, ambos sindicalistas, tras hacer entrega del manifiesto en la sede de la Consejería de Fomento, consideran que el titular de dicho departamento o incluso el propio presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, al igual de lo ocurrido en el ámbito de las urgencias nocturnas, «deben tomar cartas en el asunto» y liderar un proceso de debate en la Comunidad al objeto de redefinir las necesidades del transporte de viajeros por ferrocarril y diseñar el servicio de cara al futuro.
El planteamiento es doble, ya que, con carácter previo a la apertura de ese proceso, UGT y CC.OO consideran necesario que el departamento de Ana Pastor aplace las medidas de supresión de servicios que en la mayoría de los casos se han adoptado ya en Castilla y León, territorio, tal y como ha denunciado Aller, se ha visto notablemente afectado por su dispersión geográfica y los problemas de movilidad existentes.
«UN CLAMOR SOCIAL»
«Existe un clamor social ante el cual el propio Herrera debe tomar cartas en el asunto», ha incidido Aller, quien, en declaraciones recogidas por Europa Press, ha recordado que ha sido precisamente la movilización social la que ha evitado una mayor supresión de servicios ferroviarios y, por ello, ha reclamado la urgente convocatoria de ese debate público y ha amenazado con tomar medidas más drásticas en el supuesto de que la Administración regional opte por demorar el proceso con el fin de que las reclamaciones caigan en el olvido.
En la misma línea, el representante de CC.OO, Carlos López Inclán, ha recordado el respaldo con que cuenta el contenido del manifiesto, no sólo en alusión a las más de ochenta firmas estampadas en él sino a las cerca de 20.000 rúbricas recabadas en las últimas semanas y los pronunciamientos de distintas entidades locales, y ha insistido también en que los plazos no admiten demora puesto que la primera fecha límite se sitúa ya en el 30 de septiembre, cuando se apruebe el contrato-programa entre Renfe Operadora y el Ministerio de Fomento.
«Queremos aprovechar el tiempo antes de esa fecha para definir qué modelo de servicio queremos en Castilla y León y cómo se puede racionalizar o mejorar su gestión», ha explicado López Inclán, quien ha expresado su temor de que los nuevos servicios implantados, que «están expulsando del tren a los usuarios», sean aprovechados en un futuro como argumento para seguir con la política de supresión en esta materia.