La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) ha decidido mantener la ejecución del derribo de la urbanización Las Llamas I de Argoños en el modo en que fue acordado en distintas resoluciones de 2011, esto es, a cargo de la empresa pública Tragsa.
El tribunal confirma así el auto dictado por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número Uno de Santander, que el pasado mes de enero resolvió mantener la ejecución a cargo de Tragsa, rechazando la solicitud del Ayuntamiento de modificar este mecanismo.
Explicaba el magistrado de instancia en su auto que «la propuesta formulada nunca ha llegado a concretarse, ni en las formas, ni en el calendario, ni menos aún en los medios financieros».
«Todo queda pendiente de futuribles, como el contenido del nuevo Plan General de Ordenación Urbana o la voluntad de los futuros gobiernos autonómicos de asumir o no el coste; es decir, aprobar la propuesta supone suspender de facto la ejecución a la espera de acontecimientos y buenas voluntades», añadía el juez en su auto.
Ahora, la Sala de lo Contencioso-Administrativo respalda la tesis del magistrado de instancia, cuyo auto califica de «impecable», y señala que «no siendo posible adoptar las medidas o medios propuestos por el Ayuntamiento, se debe continuar ejecutando conforme se había previsto anteriormente».
Además, resalta que la tramitación de este incidente se llevó a cabo «para favorecer una vía consensuada de ejecución en un tema tan sensible y económicamente relevante como éste», pero dado que «la solución consensuada no fue posible» procede mantener la ejecución en los términos ya fijados.
Finalmente, el tribunal responde a las alegaciones del Gobierno acerca de la diferencia de criterio entre la Sala y el Juzgado, aludiendo a resoluciones en las que sí se han aceptado modificaciones en la forma de ejecutar. La Sala rechaza los casos propuestos por el Gobierno y explica que son supuestos distintos y no vinculantes para el Juzgado.