Así lo ha asegurado el presidente en funciones de la Diputación leonesa, Lupicinio Rodrigo, que ha reiterado que él sólo tenía constancia de que el interventor iba a declarar como testigo. «El único documento que tenemos en la mano es que iba a declarar como testigo», ha insistido.
Por esta razón, la Institución provincial, que ya había iniciado con anterioridad los trámites de solicitud a la Junta medidas cautelares, paralizó este proceso, que volverá a retomar el viernes.
Rodrigo ha dicho que la imputación del interventor ha causado «un impacto total» en la Diputación de León y ha pedido «que actué la justicia y que se aclare todo». «Sólo pido justicia, justicia y justicia», ha agregado.
En cuanto a la relación de la empresa Madiva Editorial y Publicidad con la Diputación de León, el presidente en funciones ha asegurado que «los pagos están suspendidos» y que la mensualidad de octubre «ya no se ha pagado».
Esta misma semana, la Audiencia Nacional solicitó a la Institución provincial leonesa documentación de su relación con la empresa Madiva. En dicha documentación, que ya ha sido enviada, consta que el total de pagos realizados a esta empresa, presuntamente relacionada con la ‘Operación Púnica’, asciende a 105.038,30 euros, en el periodo comprendido entre el 5 de mayo de 2012 y el 21 de octubre de 2014″.