Los supuestos trabajadores habían sido dados de alta en dos empresas ficticias creadas con la única finalidad de contratar a los detenidos para que obtuviesen las prestaciones o ayudas. Una primera fase de la investigación, culminada el pasado mes de mayo, permitió la detención de otras 36 personas, entre ellas los administradores de las mercantiles.
La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Paula Sánchez de León, ha señalado que la lucha contra este fraude supone «la lucha contra el delito y contra la insolidaridad», ya que «cuando la Seguridad Social pierde recursos, los pierden los que trabajan y los que no, los jubilados, los pensionistas y, en definitiva, los ciudadanos honrados y que cumplen con la legalidad».