El Ayuntamiento de Jaén mantiene su «actitud seria y firme» de desvincularse de la prestación de la Dependencia a partir del próximo 4 de diciembre, al tiempo que ha destacado que llevará «a los tribunales» a la Junta de Andalucía si, al contrario de lo que viene manifestando, no asumiera el servicio desde esa fecha.
Así lo ha indicado este lunes el alcalde, José Enrique Fernández de Moya (PP), a preguntas de los periodistas sobre la posibilidad de que la apertura de oficio de diligencias previas por parte de la Fiscalía de Jaén sobre el conflicto entre ambas administraciones pudiera llevar a reconsiderar su postura. «No, en absoluto», ha contestado.
En este sentido, ha explicado que a raíz de una notificación del Ministerio Público recibida la semana pasada para recabar información dio orden «para poner de manifiesto cómo se había cumplido en tiempo y forma la denuncia del convenio». De este modo, apenas un día después, respondió a esa solicitud con diversa documentación en la que, en primer lugar, pedía que «se analizara de forma muy seria y rigurosa por la Fiscalía cómo el impago de dos millones de euros –por parte del Gobierno andaluz– ponía en peligro la protección de derechos fundamentales y de la dignidad de la persona».
El Ayuntamiento adjuntó, además, fotocopia del convenio, firmado originalmente en 2007 y prorrogado el 3 de diciembre de 2010 a tres años, de modo que «cumple ahora», así como «informe del secretario general» en el que «dice que la denuncia del convenio se ha hecho en tiempo y forma». Igualmente, aportó «toda la documentación acreditativa del corro certificado y urgente que remitió a la Consejería» para informar de su decisión.
«Eso fue la semana pasada y hasta ahora el Ayuntamiento no ha recibido ninguna noticia. Pero, por supuesto, se encuentra a la entera disposición de los requerimientos que efectúe el Ministerio Público o la autoridad judicial competente», ha afirmado el regidor, quien ha querido enviar un mensaje «de absoluta tranquilidad» a los usuarios.
Y es que, según ha subrayado, el propio convenio establecía un periodo de dos meses para denunciar el convenio precisamente para que la Administración que «lo asuma tenga tiempo para reordenar el servicio», por lo que se ha mostrado convencido de que la Junta, como ha venido manifestando, se hará cargo.
«Cuando ha visto la actitud seria y firme del Ayuntamiento, ha dicho claro es que la competencia es mía. Y es suya en exclusiva, por eso convenia», ha declarado Fernández de Moya, quien ha destacado que los servicios municipales seguirán hasta la etapa a la que los «vincula la ley», que es la elaboración del programa individual de atención (PIA).
«OBLIGADA»
En cualquier caso y tras insistir en que su objetivo es que la Administración autonómica «pague a la empresa y el Ayuntamiento deje de ser un mero intermediario, ha adelantado que «si el 4 de diciembre la Junta de Andalucía no presta ese servicio, el Ayuntamiento la lleva a los tribunales inmediatamente», puesto que «está obligada por ley orgánica».
Junto a ello, el alcalde ha anunciado que los servicios jurídicos del Ayuntamiento «están ultimando» una demanda contra el Ejecutivo regional «por impago de un millón de euros de las resoluciones administrativas que todavía no han sido satisfechas». «Sería la semana que viene cuando iríamos ya a exigir vía judicial, porque hasta aquí hemos llegado, el pago de la deuda en materia de dependencia», ha concluido.