En un comunicado, el Ayuntamiento explica que el equipo de gobierno del PP ha decidido poner el asunto en manos de la justicia para aclarar este extremo.
Asimismo, insiste en manifestar su «máxima tranquilidad» ante la ampliación de querella presentada por Urbanos Amarillos, al considerar que «no tiene ningún fundamento» y que «es un paso más para mantener vivo el tema en los tribunales, además de ser un caso flagrante de deslealtad de la empresa en las negociaciones».
El Ayuntamiento recuerda que en el proceso de liquidación se ha incluido la valoración de los autobuses adquiridos en la época del PSOE, por lo que «no se entienden las acusaciones vertidas en la querella».
Asimismo, insiste en que la resolución del contrato con Urbanos Amarillos y la asunción de la gestión directa del servicio cuenta con el dictamen favorable del Consejo Consultivo de Andalucía.
De esta manera, desde el gobierno municipal se entiende que «la forma de actuar de la empresa obliga a denunciar esta situación, ya que la actitud que se ha mantenido y que se sigue manteniendo desde el Ayuntamiento en el proceso de liquidación es la vía del diálogo y negociación» frente a querellas de la empresa que «no responden a la realidad del proceso».