De los recursos que Comunidades Autónomas y partidos presentan al Tribunal Constitucional contra políticas del Gobierno, los que más me gustan son los de Artur Mas. Lo digo sin haberlos leído pero no hace falta conocer su contenido para aplaudirlos por lo que significan: pedir al Tribunal Constitucional que eche una mano implica aceptar su competencia y, en consecuencia, reconocer al Constitucional equivale a acatar la Constitución, de la que es intérprete supremo.
Una incoherencia no es de suyo un gesto encomiable. Pero esta incoherencia de Mas equivale a un reajuste de agenda que es, cuando menos, para celebrar. Resulta que el jefe de la Generalitat nos ha dicho día sí y día también durante dos años que convocará un referéndum para la independencia de Cataluña a pesar de que no tiene para ello competencias porque se las niega la Constitución, y ahora va y pide que la misma Constitución le ampare en una disputa de otras competencias con el Gobierno nacional.
Lejos de echarse a temblar, esto es, cuando menos, para serenarse. Ya se sabía que Artur Mas no es tan fiero como se pinta a sí mismo, o como le animan a serlo sus socios de ERC, que le azuzan desde la retaguardia. Yo he sostenido siempre que no culminaría su bravata, ustedes perdonen, y esto de acudir a que le salve la Constitución que dice, proclama y pregona que no es su Constitución significa que sus dichos, sus proclamas y sus pregones empieza por no creerlos ni él mismo.
Porque, vamos a ver: el primero que sabe que el Constitucional puede no fallar antes del 9 de noviembre es Artur Mas, que ha prometido convocar en esa fecha la consulta ilegal. Si tuviera confianza en sus planes y además previera un sí masivo a su pretensión de separar Cataluña del resto de España, para qué necesitaría un pronunciamiento del Tribunal sobre lo que dice la Constitución que afirma despreciar y que además llegaría después de que celebrara, es un suponer, su ilegalidad.
Los recursos que anuncia la Generalitat son cuatro y van dirigidos contra la reforma local, la ley Wert de Mejora de la Calidad Educativa, la ley de unidad de mercado y la ley de evaluación ambiental. La razón que aduce el portavoz autonómico, Francesc Homs, es que no respetan competencias de la Generalitat y, por lo tanto, son contrarias a la Constitución. Ya me dirán si no es enternecedor que sean los generadores de una ilegalidad contra la Constitución quienes reclamen que todos los demás la respeten.
Pero mejor es así. Que acepten el peso del Tribunal Constitucional y que eso sirva para que se comprometan a cumplir sus sentencias, y también las del Supremo, una de las deudas que tienen con todos los españoles que algún día habrán de pagar. Y lo primero que deberán aceptar a pie juntillas, que decía Quevedo, es el no que el alto tribunal dará a la declaración soberanista del Parlamento catalán. Y a partir de ahí, si quieren recuperar la coherencia, tendrán que abandonar la locura política de la secesión.
La táctica de acudir al Constitucional para denunciar políticas habituales del Gobierno es ya costumbre del Partido Socialista y de otros grupos de la oposición. A mí me parece una mala decisión pues las cuestiones políticas hay que debatirlas en su ámbito y en el juego de las mayorías y minorías que es esencia del sistema. Solo cuando haya un síntoma cierto de inconstitucionalidad debe apelarse al alto tribunal, que está sobrepasado de tareas solo con la defensa de los derechos fundamentales de los recurrentes.
Pero en el caso de la Generalitat es una buena noticia porque coloca el problema de la discrepancia que no ha resuelto previamente el diálogo, como el de cualquier otra Comunidad, el de cualquier institución, el de cualquier persona, en el terreno en el que debe dilucidarse, con un árbitro designado expresamente para ello. Y esa apelación es el procedimiento que se lleva entre gente civilizada, antes de tomar decisiones aventuradas que sólo causan intranquilidad, agitación y crisis.