La juez que investiga el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares ha imputado a otras 15 personas en la causa, que acumula ya de este modo 166 imputados, y ha citado a declarar el próximo día 29 de abril al tándem formado por José Enrique Rosendo y José María Sayago, cuyo entramado societario recibió de la Junta 34.264.273,70 euros en subvenciones excepcionales.
En un auto notificado este lunes a las partes, al que ha tenido acceso Europa Press, la magistrada Mercedes Alaya imputa a 15 personas, entre ellas al que fuera secretario general de la Federación de Industrias Textil-Piel, Químicas y Afines (Fiteqa) de CCOO, José Luis Montesinos; al actual secretario general de la federación provincial de Jaén de MCA-UGT, Manuel Morales Larrubia, y a varios »intrusos».
Asimismo, Alaya ha citado a declarar a Sayago y Rosendo (que ya estaban imputados en la causa) y a siete de los nuevos 15 imputados durante los próximos días 25 y 29 de abril, y 5 de mayo.
La jueza imputa además a varios »intrusos» incluidos a instancias de la mediadora Vitalia, como Miguel Ángel Muñoz y Alfredo Pérez, ambos naturales de la provincia de Jaén y que fueron incluidos en el ERE de Primayor «a pesar de que no habían trabajado en dicha empresa»; y a Manuel Morales Larrubia y Ramón Polo, ambos vecinos de La Carolina y que fueron incluidos en las pólizas derivadas de las ayudas concedidas a las empresas Gres Vilches y Cerámicas Syre, «para las cuales no habían trabajado». Sobre ellos, «no sería desacertado apuntar indiciariamente» que el »conseguidor» de los ERE Juan Lanzas «habría tenido algún tipo de participación en la inclusión de estos »intrusos»», asevera la jueza.
Hace justo ahora tres años, en abril de 2011, el PSOE-A pidió que se investigara la inclusión en el ERE de Gres de Vilches de Ramón Polo, entonces asesor del alcalde de la localidad, José Enrique Fernández de Moya. El aún alcalde dijo que fue el PSOE el que lo había metido y que Polo no era militante del PP ni tenía «ningún tipo de vinculación con el PP» de La Carolina.
En relación a José Luis Montesinos, al que cita a declarar este mismo viernes junto a otros tres imputados, Alaya señala que «sería responsable de la inclusión en pólizas de algunos de sus miembros, como por ejemplo el caso de Rosario Esteban Ruiz, viuda de José Manuel Cuesta Sánchez, vinculado a Fiteqa-CCOO, quien sería beneficiaria de una póliza de rentas suscrita con Fortia Vida en el que el tomador y responsable del pago sería Vitalia».
Al hilo de ello, la instructora dice que del atestado recibido sobre la actividad de Vitalia «se ponía de manifiesto la existencia de evidencias de que los sindicatos se convertirían para Vitalia en una importante fuente de información sobre empresas en crisis que pudieran estar interesadas en procesos de reestructuración de plantilla y a cambio recibirían dinero de esta consultora, bajo la justificación de »toma de datos de los trabajadores» o incluso »cálculos (actuariales) de contraste»».
«De las diligencias policiales ahora presentadas, y particularmente de la documentación recogida por la Policía Autonómica de Cataluña, se desprende que se formalizaron pólizas a miembros de los sindicatos en las que figuraba como tomador la propia Vitalia, quien asumiría el pago de las primas como contraprestación a la ayuda e influencia de los sindicatos en la elección de la consultora para actuar en los procesos de reestructuración laboral», asevera la juez.