Este año, la Feria Internacional del Libro (LIBER), que se celebra por primera vez de manera virtual entre el 27 y el 29 de octubre a causa de la pandemia, ha acogido el encuentro ‘Autopistas contra el fraude de contenidos: Los acuerdos voluntarios como instrumento eficaz y necesario’, organizada por la Coalición de Creadores e Industrias de Contenidos, en la que han puesto sobre la mesa la gran apuesta que suponen estos acuerdos para favorecer el acceso a la oferta legal de contenidos y la gran oportunidad que ofrecen en la lucha contra la piratería digital.
Al comienzo de esta mesa, ha tenido lugar la presentación del informe ‘¿Cómo ayudan los acuerdos voluntarios entre las principales partes interesadas a combatir la piratería digital?’, a cargo de su autor, Nigel Cory, el experto y analista de Política Comercial del Information Technology and Innovation Foundation (ITIF)*, y que señala entre las principales conclusiones de este estudio que aunque «no existe una única y sencilla solución para combatir esta lacra» de la piratería en Internet, los acuerdos voluntarios entre los diferentes actores- titulares de derechos, prestadores de acceso, responsables de publicidad o registradores de dominios- «pueden servir de importante complemento a los esfuerzos, tanto en materia legislativa como de otra índole, realizados por los gobiernos» desempeñando un papel clave en la lucha contra la piratería en internet.
Este trabajo pone de manifiesto que estos acuerdos pueden incidir directamente en servicios y procesos que permiten que las webs de contenidos ilícitos se beneficien con el acceso a contenido ilegal como si se tratara de negocios legales. Asimismo, el estudio apunta que, a pesar de diferenciarse según el país y el contenido de que se trate, existen notables evidencias que demuestra la capacidad de modificar el comportamiento del consumidor, reducir la piratería y aumentar la oferta y las ventas legales cuando se activan este tipo de acuerdos de autorregulación.
En este sentido, el informe recomienda a los gobiernos que fomenten de manera más «proactiva» acuerdos voluntarios junto con otras políticas contra la piratería como parte del debate destinado a apoyar la propiedad intelectual como agente estratégico de la economía digital mundial.
“ La colaboración entre los distintos sectores de la economía digital puede desestabilizar la parte de
la ecuación correspondiente al abastecimiento de piratería digital, para que así el funcionamiento
de los operadores ilícitos resulte más difícil y costoso.” Afirma Cory en su informe. «Los legítimos actores del sector, en aras de la defensa de una economía digital innovadora y próspera, pueden colaborar para hacerle la vida más difícil y costosa a los operadores ilícitos que se lucran con la piratería», apunta.
Tal y como sostiene Cory, estos acuerdos consiguen, entre otros aspectos, que las páginas web con contenido ilícito «sean bloqueadas o eliminadas a fin de que no puedan operar y obtener beneficios como si fueran empresas legítimas». Al mismo tiempo, cree que tienen un «efecto importante en los hábitos de consumo, reduciéndose el consumo de piratería y aumentando la oferta y las ventas legales».
En su informe, Cory considera que los gobiernos deberían «apoyar los acuerdos voluntarios como un instrumento a su disposición para luchar contra la piratería digital«; y que los Estados Unidos, la Unión Europea y sus Estados miembros, así como otros países, han de respaldar «la investigación y las conversaciones sobre cómo los acuerdos voluntarios deberían ser un componente habitual del conjunto de instrumentos contra la piratería digital». Asimismo, aboga por que la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) establezca los principios y procesos básicos necesarios para crear un formato para estos acuerdos voluntarios.
Retos en la lucha contra la piratería
Por otro lado, en la segunda parte de esta mesa, los representantes y expertos del sector han debatido sobre los retos que es necesario identificar a medio plazo para luchar contra la piratería de contenidos protegidos por derechos de propiedad intelectual. Por un lado, el director de EGEDA, Octavio Dapena, ha defendido la necesidad de buscar «soluciones rápidas contra el fraude de contenidos» ante la «inmediatez de la demanda de contenidos audiovisuales».
«Estamos asistiendo a un cambio en los instrumentos de fraude, pero también en los modelos de negocio que lo alimentan, y necesitamos para combatirlo nuevas herramientas», ha señalado Dapena, que hace referencia a «uno de los datos más reveladores y preocupantes del Observatorio de piratería de 2019», presentado recientemente, según el cual el 29% de los internautas tiene decodificador IPTV y el 21% ha accedido a una VPN para uso personal, además del aumento hasta el 23% de los accesos a contenidos ilícitos a través de las redes sociales. ç
En esta línea, y también en referencia a los resultados del Observatorio de piratería de 2019, el abogado de Pérez Llorca y asesor de AEVI Andy Ramos ha destacado que «la lucha legal contra la piratería en la industria del videojuego ha logrado grandes avances», pero cree que se debe seguir combatiendo «con los medios legales y privados» tales como «la desindexación de contenidos, el planteamiento de procedimientos judiciales o administrativos y las campañas de concienciación para conseguir una mayor valoración y respeto de las creaciones intelectuales”.