Un 24% de jóvenes ni-ni en los primeros años de la crisis. España a la cola en matemáticas, ciencia y lengua en el informe de PISA. Una tasa de paro juvenil que supera el 50%. Un 30% de estudiantes de Bachillerato o Formación Profesional que deja los estudios cada año. Más de 350 carreras con aulas para 20 universitarios…
Con este contexto, seis de cada diez españoles piensa que la enseñanza es regular o mala, según el CIS, que añade que la educación es la sexta mayor preocupación en España, por delante de la vivienda, los bancos, las hipotecas o los recortes. A pesar de estos datos, a los dirigentes políticos les resulta imposible ponerse de acuerdo con un tema de Estado. La educación, un asunto complejo pero fundamental para el progreso económico y social de un país, para España, que sigue vacilando en la cuesta de la recuperación.
Que una buena educación se traduce en bienestar social y riqueza económica lo ha comprobado el periodista Andrés Oppenheimer en países como Corea del Sur, que pasó de tener en los años 50 una renta per cápita cinco menos a la de Argentina, a doblarla en la época actual (23.800 euros). De ser un país agrícola a ser una potencia industrial con empresas como Samsung y Hyundai Motor. Una de las claves fue el arraigo de la cultura del esfuerzo en un territorio marcado por la inseguridad nuclear. Pero también tuvo que ver la apuesta del conjunto del Estado por la educación en ciencia y tecnología, por el apoyo estatal a las empresas nacionales, que se convirtieron después en el motor de la innovación.
La LOMCE, más conocida como ley Wert, es la séptima de la democracia, que se tramita tres años después del fallido pacto por la educación que puso sobre la mesa el ministro de Educación Ángel Gabilondo. Un pacto con propuestas como “una FP como instrumento clave para avanzar hacia el crecimiento”; equidad y excelencia dando valor a la evaluación; flexibilizar las vías educativas para que los estudiantes continúen su formación como mínimo hasta los 18 años; empezar con el bilingüismo desde primaria aprendiendo los contenidos en la lengua extranjera; mejorar la selección del profesorado… Parecía entonces que se iba a producir el acuerdo histórico PSOE-PP en educación. Pero pasadas las promesas, Dolores de Cospedal, número dos popular, acabó rechazando el pacto con el argumento de que lo que había encima de la mesa era más de lo mismo. Sobre todo, no acababa con el modelo de la LOGSE, un sistema muy criticado por muchos pedagogos y estudiosos de la educación por dejar en segundo plano valores como la perseverancia y el esfuerzo, por primar la cantidad en lugar de la calidad, lo que ha derivado en un menor peso de materias fuertes, como ciencias y lengua, y de generar un salto entre la Primaria y la Educación Secundaria. Pero este modelo, criticado por haber reducido el nivel de exigencia, se ha valorado positivamente por sentar por ley la igualdad de oportunidades y garantizar la educación obligatoria hasta los 16 años.
Ahora, principios que se incluían en el pacto de educación de Gabilondo, como vías flexibles en la enseñanza a partir de Secundaria, la promoción de la FP –cuya elección se adelanta a 3º de la ESO en la ley Wert-, el peso de la evaluación (se recuperan las reválidas en la ESO, FP y Bachillerato), se recogen con matices en la redacción de la legislación que se tramita. Pero la oposición política critica duramente el texto, argumentando que cercena la igualdad de oportunidades, que segrega al alumnado y que empeorará el sistema porque no atiende a las particularidades, ni a los distintos talentos en la educación. Pero lo cierto es que buena parte de las propuestas de Wert no provocan el rechazado en el mundo pedagógico.
La ley Wert se tramita con contestación política en la calle, no solo de PSOE y grupos parlamentarios, también de sindicatos y organizaciones de padres y alumnos. Pero la protesta suele adquirir tintes políticos, más si se tiene en cuenta que la norma se ha presentado acompañada de paquetes paralelos de recortes (3.000 millones en 2012), que se tradujo en un aumento de la ratio de alumnos por clase, el incremento de las tasas universitarias, la bajada de becas (un 3,8% según el Gobierno), la reducción un 14,4% del presupuesto en Educación, que si se suman los recortes de las autonomías, se traduce en un recorte de la plantilla de docentes -50.000 menos de interinos menos según los sindicatos).
La reforma educativa no puede evaluarse solo desde la óptica de los recortes que acompañan a la política del Ministerio. Así lo piensan ciertos estudiosos de la enseñanza, como el Colegio Profesional de la Educación, que evalúa la norma positivamente atendiendo a criterios pedagógicos. No obstante, su puesta en práctica está ligada al presupuesto. Por ello, el contexto de ajustes puede lastrar algunos de sus objetivos. Como la Formación Profesional, que quiere ser dual siguiendo el modelo alemán, para que el estudio práctico se convierta en una oportunidad para acceder a un puesto de trabajo.
Por otro lado, la política se ha colocado como excusa para el debate en educación. Un ejemplo, el famoso “españolizar a los alumnos catalanes”, o la supresión de Educación para la Ciudadanía; dos temas secundarios en el debate educativo que se convierten en protagonistas de la bronca política. Poco trasciende del reparto de las materias en los temarios, de que para pasar de curso todavía se pueden tener dos suspensos (salvo si son mates y lengua), y de cómo mejorar la selección y formación del profesorado, algo que pide el Consejo Escolar.
Andrés Oppenheimer cuenta en su libro ‘Basta de historias’ que una de las claves del progreso educativo es que la enseñanza sea una causa de todos, que la educación no sea un monopolio del Gobierno de turno, como pasa en España, con LOE, LOMCE, LOGSE, LOCE…
Brasil se marcó con el lema la educación es de todos que en el examen de PISA se llegara al nivel de los países punteros. Los problemas en este país son muchos, por la descentralización del sistema y las diferencias abismales entre territorios. Pero Oppenheimer habla del hito de que la sociedad civil, Gobierno y política, y el sector privado ya están trabajando para intentar el objetivo. Los últimos informes de PISA destacan el avance de Brasil, cuya presidenta Dilma Russeff, ha manifestado que se empleará el dinero del petróleo para financiar una educación todavía con deficiencias.
Crear un PIB educativo, sugiere Oppenheimer, para que la educación sea de todos, y cuando los poderes públicos no cumplan las metas, el movimiento social salga a la calle. Pero esta vez, para hablar de educación.