El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha reivindicado la «anticipación» de Galicia con respecto al plan de racionalización y modernización de la administración que ahora propone el Gobierno y, en el marco de recomendaciones a las comunidades, se ha mostrado abiertamente «partidario» de mantener el Defensor del Pueblo y el Consejo de Cuentas, ambos órganos estatutarios, aunque «reduciendo sus costes» de funcionamiento.
En la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Consejo de la Xunta, el máximo mandatario autonómico ha subrayado que su «opinión» y la del Ejecutivo gallego es que hay que mantener los órganos estatutarios puesto que su supresión supondría «reducir el control» sobre el Gobierno, aunque ha insistido en que los costes se han bajado y aún hay «margen» para reducirlos «más», al igual que en el Parlamento.
En cualquier caso, ha señalado que para determinar el futuro de los órganos estatutarios, quien debe pronunciarse es el Parlamento autonómico, donde su partido, el PP gallego, tiene mayoría absoluta. «Nosotros creemos que la vía es mantener los órganos y que se reduzcan los costes, pero estamos abiertos a lo que diga la Cámara y pacten los grupos parlamentarios», ha aseverado.
Sobre los costes ya rebajados ha explicado que el Defensor del Pueblo registró un descenso del 17 por ciento con la eliminación de los vicedefensores; mientras que el Consejo de Cuentas afrontó una reducción, con respecto al presupuesto del año 2009, del 16 por ciento.
En el caso del Consejo Consultivo de Galicia, el descenso presupuestario entre 2008 y 2013 fue del 15 por ciento, mientras que en el del Consejo Económico y Social (CES) –que el propio presidente propuso integrar con Consejo Gallego de Relaciones Laborales– la reducción alcanzó un 40 por ciento.
«ANTICIPACIÓN» GALLEGA
Por otra parte, Feijóo ha incidido en la «anticipación» de la Xunta en la aplicación de las medidas que ahora propone el Gobierno de Rajoy. «Ocho de cada diez recomendaciones a las comunidades están cumplidas», ha defendido el presidente, para añadir que, en el ámbito de cuestiones que afectan a la Administración general del Estado, la Comunidad ya ha aplicado «nueve de cada diez» en su ámbito competencial.
«Galicia lleva cuatro años reformando su administración para hacerla más eficiente y, por tanto, más útil a los ciudadanos», ha defendido, antes de repasar el grado de cumplimiento de las «recomendaciones» del Gobierno a las comunidades, entre las que ha situado la de unir «sinergias» entre las oficinas del exterior de Galicia y del Estado, así como la «planificación conjunta» de las tecnologías judiciales.
También ha aludido a la creación de una ventana de información única para obtener datos de ayudas y subvenciones a pequeñas y medianas empresas (pymes), la «generalización» del uso de bases de datos integradas e interconectadas entre administraciones, el control de la deuda con los proveedores, o el reconocimiento mutuo de licencia entre autonomías y con el Gobierno en el ámbito de emergencias.
APLICACIÓN «PIONERA» DE MEDIDAS
Igualmente, al margen de recomendaciones, ha esgrimido la aplicación «pionera» de medidas que ahora pretende llevar a cabo el Gobierno en su ámbito competencial y ha ejemplificado con el impulso de normas autonómicas como la Ley del emprendimiento o la de empleo público, con el control de la «productividad» de los funcionarios, que Feijóo ha defendido.
Ha hecho referencia también a la Ley de racionalización del sector público autonómico y a la creación en 2011 de la Agencia de Modernización Tecnológica». También ha aludido a la implantación de otras medidas recogidas en el informe del Gobierno, como el presupuesto «en base cero en todo lo que se refiere al gasto corriente de las consejerías» y el plan de simplificación legislativa.
En resumen, Núñez Feijóo ha concluido que «no hay ningún beneficio en incrementar sin control» el gasto público y ha defendido que «todo el dinero» con el que cuentan las administraciones se debe destinar «prioritariamente a los servicios públicos esenciales».