El Gobierno celebrará este lunes un Consejo de Ministros extraordinario, tras la firma este sábado del decreto de convocatoria de la consulta por parte del president de la Generalitat, Artur Mas.
Con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy recién llegado de su viaje oficial de China, será él el que presida la reunión para dar luz verde a los dos recursos que va a presentar ante el Tribunal Constitucional, uno contra la ley de consultas aprobada por el Parlamento catalán, y el otro contra el propio decreto con el que convocará la votación del 9-N.
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, aseguró en los pasillos del Congreso de los Diputados que «la maquinaria del Estado» actuaría “con agilidad y celeridad” en cuanto Mas “decida publicar” el decreto de convocatoria de la consulta.
El propio presidente echó mano de dos proverbios chinos con Mas como destinatario: «Es mejor volverse atrás que perderse en el camino» y «la puerta mejor cerrada es aquella que puede dejarse abierta».
Explicó a los periodistas que Mas sabía perfectamente lo que iba a hacer el Gobierno, porque él mismo se lo ha transmitido, y señaló que lo que éste no puede hacer es liquidar la soberanía de un país, romper España, aunque expresó su confianza en que no saque las urnas a la calle. «No me planteo que el presidente de la Generalitat viole la ley», comentó.
El presidente del Gobierno y sus ministros estudiarán el texto y Rajoy firmará el recurso que, a partir del lunes, será presentado en el Tribunal Constitucional (TC), ya que el registro permanece cerrado los domingos.
Según fuentes jurídicas consultadas, el TC esperará a tener sobre la mesa el recurso del Gobierno contra la Ley de Consultas catalana y el decreto de convocatoria del referéndum soberanista del 9 de noviembre para decidir si trata el asunto en un pleno extraordinario inmediato, o si lo debate en el pleno ordinario que tiene previsto para la semana del 7 de octubre.
La idea del Ejecutivo es que el TC inste en su admisión a trámite la suspensión de la ley de manera “automática” y con “carácter retroactivo”, de manera que la convocatoria o incluso la consulta, de haberse realizado ya, quedara invalidada por haber sido suspendida la ley que le da sustento.
La suspensión que dictará tendrá una vigencia de cinco meses y si en ese tiempo no ha dictado sentencia, deberá decidir si la mantiene o la levanta hasta que resuelva el asunto.
Entretanto, en CiU dan por hecho que los tiempos que ha manejado Mas llevarán a la Generalitat de Cataluña a aprovechar «los dos o más días» que tengan desde que firme el decreto hasta que el Constitucional suspenda el recurso para hacer campaña y publicar y emitir publicidad a favor de la consulta soberanista del 9 de noviembre.
Unos días para seguir con la campaña
Mas tendrá al menos dos días para continuar con la campaña del referendo anunciada, buscar voluntarios, empapelar las calles y publicar anuncios en radio y televisión.
Rajoy también deberá pronunciarse el próximo martes en la sesión de control al Gobierno en el Senado sobre la consulta soberanista y sobre la posibilidad de llevar a cabo una reforma de la Constitución, como proponen los socialistas.
El presidente responderá a la pregunta que le planteará la nueva portavoz del Grupo Socialista en el Senado, María Chivite, sobre sus «previsiones sobre una posible reforma de la Constitución». El portavoz del PSOE en el Congreso, Antonio Hernando, sostuvo que Mas «sabe que no va a celebrar el referendo» y que por eso no cometerá «prevaricación ni desobediencia» una vez que el Tribunal Constitucional paralice el proceso.
También el portavoz de CiU en el Senado, Josep Lluís Cleries, le preguntará sobre si «comparte que una de las funciones de la Constitución no puede ser la de impedir que los gobernantes escuchen al pueblo», en relación con la consulta.
Por último, el portavoz del PNV en el Senado, Jokin Bikdarratz, le preguntará a Rajoy «si cree ajustado a la realidad que en el análisis de duplicidades realizado por el Gobierno de España diagnostique que las duplicidades vascas sean cien y las de los diversos órganos de la Administración del Estado sean cero».