La Comisión Disciplinaria del Poder Judicial ha rechazado por cuatro votos contra tres la propuesta de suspensión cautelar al juez Santiago Vidal, que ha reconocido haber participado en la redacción de una constitución catalana.
Consideran que esta medida no evitaría que el magistrado siguiera “realizando declaraciones que apoyen públicamente como legítimo el incumplimiento de las leyes y de la Constitución española”
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) abrió la semana pasada expediente disciplinario por ignorancia inexcusable en el cumplimiento de deberes judiciales y vulneración del deber de observancia del régimen de incompatibilidades al citado juez.
La iniciativa de expedientar a Vidal y de suspenderlo cautelarmente fue del magistrado Antonio Fonseca, el Promotor de la Acción Disciplinaria en el órgano de gobierno de los jueces, es decir, el encargado de investigar las posibles faltas y proponer sanciones.
La apertura de expediente disciplinario adjuntaba una propuesta de suspensión provisional de funciones hasta que se decidiera sobre si procede archivar el expediente o imponer un castigo. Esa es la propuesta que ha sido rechazada en la reunión extraordinaria que la citada comisión ha celebrado hoy, por lo que el expediente seguirá su curso.
Han votado en contra de la suspensión cautelar los vocales Roser Bach, María Victoria Cinto, Vicente Guilarte y Enrique Lucas, y a favor, Wenceslao Olea, Carmen Llombart y Ángeles Carmona.
La Comisión considera que la adopción de la medida cautelar propuesta por Fonseca no atajaría la situación que se quiere evitar, tomando así una decisión que ha contado con los votos particulares de Olea y Llombart.
En su escrito de apertura de expediente a Vidal el promotor apoyaba su petición de suspensión cautelar de funciones al juez en «la extrema relevancia de los hechos» por su «evidente proyección pública y social».
El pasado 26 de mayo el juez Santiago Vidal ratificó ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que había participado en la redacción de una «hipotética constitución catalana» por iniciativa propia y desde el convencimiento de estar ejerciendo su libertad de pensamiento.
El Promotor de la Acción Disciplinaria decidió la semana pasada abrir expediente al magistrado y proponer a la Comisión Disciplinaria del órgano de gobierno de los jueces una medida de suspensión cautelar para este magistrado de la Audiencia Provincial de Barcelona.
En su expediente, el Promotor, que el pasado mes de abril abrió una información previa a Vidal y que desde entonces hasta la semana pasada no había considerado necesaria la medida cautelar provisional, acusa a Vidal de apoyar públicamente como legítimo el incumplimiento de las leyes y de la Constitución española.
Además, le reprocha haber reconocido su participación sin autorización alguna en un grupo de trabajo de composición heterogénea e indeterminada encaminado a la elaboración de una constitución para una Cataluña independiente.
Junto a ello, también obra en contra de Vidal, según el citado Promotor, el haber hecho de forma reiterada declaraciones públicas en apoyo de iniciativas políticas encaminadas a obtener la independencia de Cataluña.
Estos hechos, según el Promotor, pueden constituir ignorancia inexcusable en el cumplimiento de deberes judiciales por vulneración del deber básico de fidelidad a la Constitución y al ordenamiento jurídico.
Y también vulneración del deber de observancia del régimen de incompatibilidades del artículo 389.5 de la Ley Orgánica del Poder Judicial en relación con el artículo 1.3 de la Ley 53/84 de Incompatibilidades del Personal al servicio de las Administraciones Públicas.
El fiscal puede recurrir
En su escrito, la Fiscalía consideraba que los ciudadanos difícilmente pueden albergar confianza en la imparcialidad en la aplicación del Derecho por parte de quien notoria y públicamente cuestiona la legalidad vigente y el mandato constitucional de sujeción a ella. También recordaba que la Constitución en su artículo 117 impone a los jueces una estricta sujeción a la legalidad y a la imparcialidad.
Por su parte, el magistrado Santiago Vidal se había opuesto a la suspensión en un escrito de alegaciones en el que decía que su actuación se enmarca en el simple ejercicio del derecho fundamental a la libertad de opinión y expresión que como juez, jurista y ciudadano le reconoce la Constitución Española.
El CGPJ destacó que el Promotor de la Acción Disciplinaria tiene un plazo de seis meses para tramitar el expediente disciplinario, que finalizará con propuesta de sanción o de archivo. Además, el órgano de gobierno de los jueces se refirió a que la decisión adoptada hoy por la Comisión Disciplinaria puede ser recurrida en alzada ante el Pleno por la Fiscalía.
Vidal cree en una mano negra del PP
En una entrevista a TV3 en respuesta a una pregunta, Vidal ha dicho que no considera que se trate de una «represalia, sino de «una reacción del »status quo», del sistema; no en vano este expediente empezó por una denuncia del sindicato ultraderechista Manos Limpias y la decisión de suspensión cautelar ha sido asumida por la Fiscalía General, es decir, el poder ejecutivo, que, como todo el mundo sabe, esta a cargo del PP».
La Fiscalía envió el jueves un oficio al Consejo denunciando los hechos y previamente había remitido sus alegaciones a la Comisión Disciplinaria del CGPJ manifestando que no se oponía a la suspensión solicitada por el Promotor de la Acción Disciplinaria.
Según ha informado el Consejo del Poder Judicial, la Fiscalía argumentaba en su escrito que los ciudadanos «difícilmente pueden albergar confianza en la imparcialidad en la aplicación del Derecho por parte de quien notoria y públicamente» cuestiona la legalidad vigente y el mandato constitucional de sujeción a ella.
Además, invocaba el artículo 117 de la Carta Magna que impone a los jueces una estricta sujeción a la legalidad y a la imparcialidad.
El magistrado ha asegurado que ni él ni sus compañeros consideran que el redactado de «un borrador de un documento que en su día podría llegar a ser un material de trabajo para el Parlamento constituyente de una nueva Constitución, sea incompatible con el ejercicio de las funciones» que desempeñan en los juzgados.
«Trabajar intelectualmente un documento jurídico y debatir entre nosotros cómo querríamos que fuera un hipotético Estado de Catalunya en el caso de que los catalanes decidan esta opción, no influye en nuestras decisiones del día a día, en los casos concretos que tenemos sobre la mesa», ha matizado Vidal.
Por eso ha valorado muy positivamente la decisión del CGPJ que considera «una lección de confianza que es buena para los ciudadanos en relación a la independencia».
«En su momento ha acatado de manera acrítica la decisión de la Fiscalía General del Estado, pero suspenderme no habría sido una buena solución» ha añadido, celebrando que se haya tomado una decisión jurídica, pero asumiendo que ésta se ha tomado por 4 votos a tres.
El Promotor de la Acción Disciplinaria tiene ahora un plazo de seis meses para tramitar el expediente disciplinario, que finalizará con una propuesta de sanción o de archivo, y con todo, la Fiscalía puede recurrir en alzada el acuerdo de la Comisión ante el Pleno.
Vidal recibirá, durante esos seis meses, los cargos que justificarían su suspensión y podrá presentar alegaciones y pruebas para que, cumplido el plazo, el CGPJ tome la decisión definitiva.
«Espero que en el transcurso de la tramitación del expediente se me garantice el derecho a defenderme, cosa de la que no tengo duda alguna, y que la decisión sea tan satisfactoria como la que se ha tomado hoy» ha deseado el juez, que ya ha anunciado que en caso de que la decisión sea apartarle de la judicatura, utilizará todos los recursos jurídicos a su alcance para defenderse.