No son pocos los casos donde procesados españolas escaparon a Bélgica para evitar ser juzgados. Sin ir más lejos la última denegación de extradición fue en 2016. La acusada de terrorismo Natividad Jáuregui era detenida en la ciudad flamenca de Gante tras 34 años huida después de ser localizada por la policía española. Sin embargo, su extradición fue denegada por el Tribunal de Apelaciones de Gante. Ahora disfruta de una vida estable en Bélgica.
Los familiares de Ramón Romeo, presuntamente asesinado por ella, han llevado el caso ante el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos (TEDH).
No es un caso aislado. En 2004 también quedaron definitivamente rechazadas la petición de extradición de Luis Moreno y Raquel García, para entonces nacionales belgas; en 1996 la de Enrique Pagoaga, ‘Peixotin’ y en 1998 la expulsión a México de Ricardo Cruz Maiztegui. Aunque no se les concedió asilo político.
Las denegaciones de extradición fueron habituales en los 90, cuando desde el gobierno belga aseguraron que estudiarían “caso por caso” todos los expedientes de extradición de etarras.
El cóctel tiene ahora un ingrediente nuevo: la presencia en el Gobierno de los nacionalistas flamencos de la N-VA, amigos del soberanismo catalán. Desde el ejecutivo belga ya han dejado caer que “no sería algo irreal” dar asilo político al ahora expresidente Puigdemont. «Se está hablando ya de una pena de cárcel (para Puigdemont). Quedaría por ver hasta qué punto sería justo ese juicio«, añadió el secretario de Estado de Asilo y Migraciones belga a la cadena VTM.
Las incendiarias palabras del secretario fueron contrariadas poco después por el primer ministro belga,
Querella por rebelión, sedición y malversación
Fuentes jurídicas consultadas de la Universidad de Navarra aseguran que el derecho de asilo – diferente a la negación de extraditación – requiere de varios presupuestos, como “amenaza de muerte” o “restricción a la libertad” por un proceso judicial injusto. Se aplicaría a casos donde el país receptor no cumpliese con mínimos democráticos, algo que no se puede alegar de ningún país cualquier país de la Unión Europea con la ley en la mano. No obstante, aseguran que dichos presupuestos deben ser probados unilateralmente por el país receptor, por lo que el derecho de asilo político puede llegar a ser una decisión “discrecional y política”.
La presencia de Puigdemont en Bruselas junto con varios de sus exconseller se ha confirmado apenas una hora después de que el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, anunciara la presentación de una querella ante la Audiencia Nacional por rebelión, sedición y malversación contra él y el resto del Govern. El más grave de estos delitos acarrea una pena de entre 15 y 30 años.