El vicepresidente del grupo Samsung y heredero de la empresa, Lee Jae Yon, ha negado este jueves todos los cargos de soborno y corrupción que pesan sobre él, durante el inicio en Seúl del llamado «juicio del siglo», en el marco de un histórico escándalo que ha llevado a un proceso de destitución contra la presidenta surcoreana Park Geun Hye.
El directivo, que está bajo custodia en el Centro de Detención de Seúl, no estuvo presente en el tribunal al no estar obligado a comparecer durante la audiencia preliminar, celebrada para organizar las pruebas y fijar fechas para las declaraciones de los testigos.
Presiones de la presidencia surcoreana
Se espera sin embargo que, a lo largo de las próximas sesiones, Lee declare que se vio obligado, por presiones directas de la Presidencia surcoreana, a entregar dinero a una fundación controlada por la confidente de la mandataria, Choi Soon Sil, a cambio de facilitar una fusión entre dos filiales del grupo, esencial para su futuro como director de la compañía.
La comisión especial que investiga el caso estima que Lee dio, o prometió dar, una cantidad aproximada de 35 millones de euros para recibir el respaldo del Gobierno a la complicada fusión y disfrutar así de una transición de poder sin problemas de manos de su padre, el veterano Lee Kun Hee.
La defensa de Lee ha negado todos los cargos contra él, diciendo que la acusación del fiscal especial cita conversaciones, pruebas o testigos que la Fiscalía realmente no oyó, investigó ni entrevistó según la normativa, y además incluye opiniones que no son hechos.
«La acusación no puede incluir declaraciones que puedan crear prejuicios en el tribunal sobre el caso», ha declarado su abogado, Song Wu Cheol a los periodistas a su salida del recinto.
Al cargo de una de las mayores tecnológicas del mundo
Lee, de 48 años, se hizo en 2014 con las riendas del conglomerado que aporta la quinta parte del PIB nacional después de que su padre, Lee Kun-hee, sufriera un infarto que lo ha dejado incapacitado.
La sentencia está prevista para finales de mayo, según la agenda organizada durante la vista preliminar celebrada hoy en los juzgados del Distrito Central de Seúl.
Tensiones nacionales y ¿elecciones?
No lejos de ahí, en la orilla norte del río Han, miles de efectivos policiales comenzaron a desplegarse en torno a la Avenida Sejong, lugar donde se han celebrado durante meses las manifestaciones a favor y en contra de Park Geun-hye por su rol en el escándalo «Rasputina» que ha sacudido el país desde el pasado otoño.
Unos 8.400 efectivos y unos 360 vehículos fueron desplegados con intención de calmar los ánimos entre los manifestantes de ambas facciones, que más tarde tienen previsto marchar a lo largo del kilómetro que aproximadamente separa Sejong del Tribunal Constitucional.
Esta corte se pronunciará el viernes a las 11.00 hora local (2.00 GMT) sobre el futuro del país. Si el Constitucional ratifica la destitución de Park aprobada por la Asamblea Nacional (Parlamento) en diciembre, esto la despojaría de su inmunidad y obligaría a convocar elecciones presidenciales en un plazo inferior a 60 días.
También sería la primera vez que Corea del Sur destituye a un jefe de Estado y adelanta los comicios presidenciales desde que el país volvió a celebrar elecciones democráticas en 1987 tras el mandato de dos juntas militares (una de las cuales lideró el general Park Chung-hee, padre de la actual presidenta).
Soborno, tráfico de influencias y abuso de poder
La fiscalía considera que Park y su amiga Choi, de 60 años y encarcelada desde noviembre, se confabularon para presionar a Samsung y a otros grandes conglomerados empresariales surcoreanos para que realizaran donaciones a organizaciones vinculadas a la «Rasputina» a cambio de un trato favorable de las autoridades.
Las conclusiones del Ministerio fiscal que ha investigado el caso señalan a la presidenta como sospechosa de los delitos de soborno, tráfico de influencias y abuso de poder.
El escándalo ha indignado a gran parte de la sociedad surcoreana que desde finales del año pasado se ha manifestado para pedir el cese de Park y cuestionar el modelo económico nacional, salpicado por la corrupción y coronado por los «chaebol», los gigantescos conglomerados cuya gestión es hereditaria, como en el caso de Samsung.