Las nuevas normas, que ya han sido acordadas con los gobiernos, obligarán a mejorar la accesibilidad para los cajeros automáticos o las máquinas de expedición de billetes o de facturación con el objetivo de facilitar los servicios de transporte o financieros a 80 millones de personas con algún tipo de discapacidad en la UE.
También facilitarían el uso de teléfonos inteligentes, ordenadores y sistemas operativos, tabletas y televisiones, pero también los libros digitales, así como los servicios de comercio electrónico y de transporte –aéreo, ferroviario, marítimo y por carretera– e información en tiempo real.
Las normas persiguen el doble objetivo de facilitar la vida cotidiana de las personas con discapacidad y las personas mayores y promover la innovación empresarial dado que aunque piden mejorar la accesibilidad, no imponen soluciones técnicas concretas, dando margen para la innovación. Además, las microempresas quedarán exentas de algunos requisitos.
Los eurodiputados también reclaman la necesidad de mejorar la accesibilidad de instalaciones como los baños públicos y piden estandarizar en los países de la UE rampas, puertas o escaleras para ello.
Los Gobiernos, que todavía deben aprobar formalmente las normas, tendrán seis años para aplicar la normativa desde su entrada en vigor, tras su publicación en el Diario Oficial, aunque la normativa contempla periodos de transición más largos para casos especiales.