Los servicios de Inteligencia del Gobierno de Enrique Peña Nieto han constatado una auténtica balcanización de Guerrero en el marco de las investigaciones iniciadas a raíz de la desaparición de 43 ‘normalistas’ (estudiantes de magisterio) el pasado 26 de septiembre en el municipio de Iguala.
Las fuerzas federales han detectado presencia criminal en 62 de los 81 municipios de Guerrero, lo cual significa que solo dos de cada diez habitantes de este estado mexicano viven en una zona libre de violencia, según informes del diario Milenio.
En concreto, han detectado la presencia de seis cárteles, entre los que destaca el de los hermanos Berltrán Leyva, que controla la ruta de la droga en 26 municipios guerrerenses. Le siguen Guerreros Unidos y La Familia Michoacana, con nueve localidades cada uno, Los Caballeros Templarios, con dos, y el Cártel Jalisco Nueva Generación, con uno.
A ellos se suman grupos satélite que unas veces actúan como brazo armado de los grandes cárteles y otras como ‘mini-cárteles‘. Es el caso de Los Rojos, Los Ardillos, Los Granados, La Barredora y Los Tequileros, entre otros, que operan en 15 municipios.
Además, en la Costa Chica y la Montaña Baja se ha detectado la presencia de pandillas locales dedicadas, sobre todo, a la extorsión y al secuestro como una forma de vida.
En Guerrero también hay guerrilleros del Ejército Popular Revolucionario (EPR), el Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI) y las Fuerzas Armadas Revolucionarias-Liberación del Pueblo (FAR-LP), al menos en 25 municipios.
Las fuerzas federales han indicado que el problema, más allá de la mera presencia de todos estos grupos en Guerrero, son sus luchas por el control del territorio, que muchas veces lleva a varias organizaciones criminales a pugnar por un mismo municipio.
500 desaparecidos
La huella criminal en Guerrero se traduce en un largo historial de violaciones de los Derechos Humanos, la más cruel de todas ellas las desapariciones forzosas, que ya suman 500 víctimas, de acuerdo con la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG).
Bruno Placido Valerio, uno de los líderes de la UPOEG, ha explicado que, aprovechando la indignación social por el caso de los 43 ‘normalistas’ de Iguala, han convocado a las familias de todos los desaparecidos en Guerrero para iniciar una búsqueda masiva.
Valerio ha explicado que, aunque el caso Iguala supone ahora el mayor reto, hay numerosas denuncias de desapariciones en los municipios de Ayutla, Tecoanapa, Chilpancingo y Tierra Colorada, donde se han concentrado las luchas intestinas de los criminales.