Así, las nuevas normas incluirán una definición a nivel europeo de los delitos relacionados con el blanqueo de dinero, penas mínimas comunes como el establecimiento de cuatro años de prisión para delitos de este tipo y sanciones adicionales como la prohibición de que los condenados por blanqueo de capitales puedan optar a cargos públicos, a conseguir un puesto de funcionario o a acceder a financiación pública.
El texto sobre la criminalización del blanqueo de capitales ha contado con el respaldo de 634 votos a favor frente a 46 en contra y 24 abstenciones, mientras que el que regula los movimientos de dinero efectivo ha sido apoyado por 625 eurodiputados, frente a 39 en contra y 34 abstenciones.
Si los Estados miembros aprueban formalmente las nuevas medidas, el siguiente y último paso, se autorizará a las autoridades a crear un registro sobre los movimientos de dinero en efectivo por debajo del umbral actual –fijado en 10.000 euros– y a llevar a cabo incautaciones temporales si existe la sospecha de actividad criminal.
Asimismo, la definición de dinero efectivo incluirá el oro y las tarjetas electrónicas de prepago anónimas. «La UE debe reforzar sus controles sobre el dinero que entra y sale de su territorio. Hemos incorporado las mejores prácticas a nivel internacional y resuelto algunas deficiencias del actual marco legal», ha asegurado el ponente parlamentario socialista, Juan Fernando López Aguilar.
«Las nuevas normas sobre criminalización del blanqueo de capitales golpea a los criminales donde más les duele: el dinero. Estas reglas evitan la financiación de sus actividades -legales o ilegales– a través de procedimientos y acciones ilícitas», ha dicho otro de los ponentes del informe, Ignazio Corrao, del grupo de la Europa de la Libertad y la Democracia Directa.
Tras el acuerdo informal alcanzado entre la Eurocámara y los Estados miembros, ahora éstos deberán dar su visto bueno de manera formal en el Consejo para que las nuevas normas puedan entrar en vigor, si bien los países tendrán un margen para adoptarlas de 24 meses en el caso de la directiva sobre criminalización y 30 meses para la de control de los movimientos de efectivo.