La Asamblea Nacional Cubana aprobó la semana pasada la nueva Ley de Inversión Extranjera, un proyecto ambicioso sobre el papel pero que aún debe definirse en sus particularidades para conocer su alcance. En principio, la ley pretende captar capital y nuevas tecnologías para desarrollar su precaria estructura empresarial e incentivar la implantación de nuevas empresas. Desde el Gobierno ya se ha hablado de un objetivo de 2.500 millones de dólares al año que llevarían en volandas la economía de la isla hasta llegar a un crecimiento del 7% anual, un objetivo a todas luces desmesurado, dado el actual crecimiento del 2,4% anual y la tradicional dificultad de Cuba para aumentar, incluso unos pocos puntos, su PIB.
“Cuba necesita 3 ó 4.000 millones de dólares anuales para sostener el régimen y su Gobierno vive aterrorizado ante el posible fin del subsidio venezolano, que son 13.000 millones de dólares al año, algo que puede ocurrir como ya ocurrió en los noventa con el subsidio ruso. Esta ley de inversiones lo que trata es de adelantarse a esta posibilidad”, explica Carlos Alberto Montaner, escritor y periodista cubano actualmente residente en Madrid.
España, como principal inversor mundial en Cuba al aglutinar con un 45% de las inversiones totales – seguida de Canadá e Italia con el 10% respectivamente –, permanece atenta a la formulación de la ley y de momento, pequeñas y medianas empresas vinculadas al turismo de comunidades como Baleares ya han expresado su interés por la reforma. El turismo, sobre todo en forma de contratos de administración hotelera es el principal negocio español en Cuba y aunque ocupa el 75% de las inversiones españolas no es el único sector en el que invertimos y le siguen en importancia la industria ligera, la construcción inmobiliaria y la industria agroalimentaria.
La Ley de Inversión extranjera presenta algunas incógnitas, como el régimen dado a las empresas mixtas y la contratación de trabajadores. Las empresas mixtas son la única forma que hasta el momento existía para invertir en Cuba y hasta ahora se exigía que el 51% fuese capital cubano y sólo el 49% extranjero. “El Gobierno cubano mantiene, por así decirlo, el control sobre todas las inversiones de extranjeros en la isla y este aspecto no parece que vaya a cambiar con la nueva ley”, explica el investigador asociado del Instituto Complutense de Estudios Internacionales (ICEI), Francesc Bayo, experto en asuntos de Cuba.
En Cuba toda inversión parte de una ardua negociación donde se establece exhaustivamente el marco de la operación, incluidos los supuestos de expropiación y las indemnizaciones correspondientes porque de otro modo, nadie invertiría en el país. No obstante, disipar el miedo a las expropiaciones parece ser una de las preocupaciones de esta nueva ley, que quiere poner el acento en la seguridad jurídica y así, el diario oficialista Juventud Rebelde explica que las inversiones “no podrán ser expropiadas, salvo motivos de utilidad pública o interés social previamente declarados por el Consejo de Ministros”. De este modo y en caso de producirse, se realizarían “en concordancia con la Constitución y los tratados internacionales suscritos al respecto por el país y con la debida indemnización, establecida por mutuo acuerdo, pagadera en moneda libremente convertible, y con un árbitro que satisfaga a ambas partes”.
Por otro lado, está el tema de la contratación de trabajadores. Uno de los aspectos principales por los que Cuba quiere que haya inversión extranjera es para aliviar la carga de trabajadores públicos que soporta el estado e incentivar la contratación de trabajadores, sin embargo, hasta ahora, la empresa de selección y contratación era estatal, es decir, el Gobierno se encargaba de escoger y pagar a los trabajadores, previo recibo de los salarios por parte de las empresas. Este modelo, que tampoco parece que vaya a cambiar con la nueva ley, plantea múltiples dificultades, entre otras la motivación de sus trabajadores, a los que las empresas no pueden dar, por ejemplo, incentivos por productividad.
“Lo que parece más novedoso y más atractivo es que va a haber un tratamiento fiscal más favorable para las empresas, además de una mayor apertura hacia los sectores en los que se puede invertir, donde parece que sólo habrá trabas a la Sanidad, la Educación y el Ejército”, explica Francesc Bayo, que recuerda que ya desde los años noventa existe una normativa para invertir en Cuba bastante parecida a la que establece esta ley. “Quizás entonces había más dificultades para encontrar una oportunidad de inversión, ya que el Estado estudiaba cada caso y escogía en qué sectores le interesaba una inversión y en cuáles no”. Respecto al tratamiento fiscal, en efecto, el porcentaje sobre los beneficios que se queda el estado cubano se reduce a la mitad y pasa del 30% habitual al 15% con la nueva ley.
La gran dificultad para que la Ley de Inversión Extranjera funcione es la complicidad de los Estados Unidos. “No hay que olvidar que la ley entra dentro de una serie de medidas de liberalización que van asociadas a la apertura del nuevo Canal de Panamá, con unas expectativas de aumento considerable del tráfico de barcos de gran tamaño desde el Pacífico hacia el Atlántico, que necesitarán de puertos de avituallamiento y tránsito en la zona. En este sentido, Brasil está construyendo un nuevo puerto en la zona de Mariel que pretende convertirse en zona franca con miras a acaparar parte de este tránsito”, explica Bayo. Para el analista, todo esto necesita un mercado activo y normalizado que pasa por recuperar las relaciones con Estados Unidos, aunque de momento este aspecto sigue en el aire.
Relaciones congeladas con Estados Unidos
La ley de inversión extranjera no ampara ninguna limitación específica para los cubanos residentes en Estados Unidos, aunque estos tienen sus propias limitaciones por el embargo financiero a Cuba de 1963, que impide a los residentes invertir capitales en la isla. “El fin del embargo va para muy largo. Hay una legislación reforzada recientemente en Estados Unidos, de modo que por mucho que quisiera un presidente – y no creo que Obama haya dado muchos pasos en este sentido – tendría que presentar una iniciativa legislativa que no sería fácil ni rápido sacarla adelante”, asegura Francesc Bayo.
Aunque teóricamente los norteamericanos no pueden viajar a Cuba, existen permisos especiales para deportistas, académicos y familiares, una puerta que permite cierta distensión en las relaciones, aunque todavía están muy lejos de normalizarse completamente. “Las divisas que mandan los cubanos residentes en Estados Unidos también son un aporte muy importante a la economía cubana y mientras esto no se obstruya, constituye un alivio importante para las familias con emigrantes en este país. Este tipo de relaciones son más abiertas pero de esto a que se vaya a terminar con el embargo media un abismo”, indica Francesc Bayo.
No obstante, parece claro que las relaciones Estados Unidos-Cuba no son tan tirantes como lo fueron durante el Gobierno de George W. Bush y existen ejemplos que lo demuestran. Cuba rechazó, por ejemplo, dar refugio al analista de la CIA, Edward Snowden, mientras que otros países, como Ecuador, se apresuraron a ofrecerlo. Gracias a la nueva ley de emigración, además, miles de cubanos viajan a EEUU cada año, principalmente con destino a Miami y lo mismo ocurre en sentido inverso, donde el número de residentes norteamericanos que viajan a Cuba se acerca al medio millón.
Respecto a la Unión Europea y pese a ser origen de más del 50% de las inversiones que recibe Cuba, sus relaciones no dejan de ir remolque de las pautas que marcan los países más próximos a la isla y no nos referimos sólo a los países con afinidades ideológicas, como Bolivia, Ecuador, Argentina o Venezuela, sino sobre todo Brasil y México, que aspiran a ser potencias dominantes. La UE basa en este sentido sus relaciones en el comercio y no aspira, al menos de momento, a tener una influencia mayor en la zona.
No obstante, sobre la mesa de los 28 hay un principio de acuerdo para un convenio bilateral que abriría un nuevo marco de relación a partir de 2015. Este acuerdo implicaría que Cuba ha dado pasos en materia democrática y liberalización de su mercado y en este contexto debe incardinarse también la nueva Ley de Inversión Extranjera, sobre cuya efectividad se plantean no obstante serias dudas. España es, como dijimos, el principal inversor a través de una amplia gama de sectores como el turismo, la industria ligera, los servicios financieros y la industria de agua, cemento, construcción… En 2013, según datos de Comercio Exterior de la Cámara de Comercio, España realizó 38.751 operaciones comerciales con Cuba por algo menos de 800 millones de euros. Un dato que podría mejorarse en un contexto comercial más favorable.
Las dudas de la Ley de Inversión
En definitiva, la nueva medida para atraer inversión extranjera del régimen cubano no supone una panacea en cuanto a la apertura del país al capitalismo y de hecho, al mantenimiento de las empresas mixtas – participadas en un 51% por el Estado – se une la prohibición de los cubanos a invertir, puesto que se trata de una medida dirigida exclusivamente al capital foráneo. “Por supuesto que la ley será un paso de avance para los que contemplan invertir en Cuba, en cuanto a exenciones fiscales, y está supuesta a prestar mejores garantías a las inversiones. Lo que no contempla la ley es fabricar un país nuevo, de la noche a la mañana, donde todo esté resuelto para quien quiera arriesgar su dinero en Cuba”, escribía el periodista cubano afincado en Miami, Alejandro Armengol.
Además y dadas las infladas previsiones – 2.500 millones de dólares al año – es muy posible que la medida sea un nuevo fiasco, como cuando se aprobó en 2010 la legislación necesaria para desarrollar exclusivos campos de golf en la isla destinados al turismo. En la actualidad, el número de empresas mixtas con capital extranjero no sobrepasa las 200 y las restricciones del pasado pueden afectar a las promesas del futuro, pese a las buenas intenciones del régimen, acuciadas por la mencionada incertidumbre sobre la ayuda venezolana, nada menos que 13.000 millones de dólares al año a cambio de tecnócratas cubanos que interfieren en la autonomía de Nicolás Maduro. “Creo que Cuba sigue siendo un país muy riesgoso para invertir, puesto que el Gobierno controla los Tribunales de Justicia. Hace poco, dos empresarios canadienses fueron detenidos acusados de sobornos y este es un problema que ocurre a menudo con los inversionistas. El problema es que Cuba extiende el estado policial a todos los sectores, incluido el económico. Un español que estuvo muchos años en Cuba y que finalmente fue expropiado contaba al regresar que tuvo a menudo que colaborar con la Policía para sobrevivir. Esto implicaba poner cámaras de vigilancia en los hoteles y llevar a cabo prácticas poco honorables que se saltaban los derechos esenciales de las personas, como su privacidad. El inversionista se convierte así en cómplice de la dictadura”, explica Carlos Alberto Montaner, que no obstante reconoce que es lógico que los españoles se sientan atraídos por Cuba, “por razones históricas siempre ha sido así”, concluye.