Desde hace varios días, Galicia se encuentra sumida en lo que ya ha sido calificada por Feijóo como una “actividad incendiaria homicida”, con más de un centenar de incendios provocados en la comunidad gallega. Después de tres muertos, miles de hectáreas calcinadas y, aún, decenas de focos sin controlar no es extraño clamar a la justicia para hallar y juzgar a los culpables.
La Xunta ve una «clara intencionalidad» en los incendios que asolan Galicia; sin embargo, la falta de pruebas y de testigos impide juzgar a la mayoría de incendiarios sospechosos. Como consecuencia, cada año se abren de 200 a 300 procesos por fuegos en los montes gallegos, pero apenas una treintena son juzgados.
Asimismo, las llamas borran cualquier indicio que pueda probar la implicación del sospechoso, lo que complica la ardua labor de investigación llevada a cabo por el Equipo Multidisciplinar de Investigación de Incendios Forestales, encargado de dilucidar la autoría de los fuegos registrados.
“Una cosa es que tengamos sospechas de que un incendiario está detrás de varios delitos forestales y otra, que tengamos pruebas que lo confirmen», apunta el fiscal delegado de Medio Ambiente en Galicia, Álvaro García Ortiz.
Así pues, tal y como recoge ‘La Opinión A Coruña’, de los más de 2.500 delitos de incendios forestales que llegaron en los últimos cinco años a los juzgados gallegos, tan solo 171 fueron llevados a juicio, lo que supone solo el 7% del total. La mayoría de las condenas son por quemas de rastrojos, y se limitan a una multa, ya que la prisión solo se aplica a reincidentes con sentencia firme.
Además de la falta de pruebas concluyentes que permitan presentar ante un juez o un jurado una causa bien armada, las dudas o incluso el olvido que provoca el paso del tiempo en los testimonios de vecinos y del entorno del sospechoso no permiten llevar a buen puerto las investigaciones. Y es que salvo las causas por imprudencias -quemas de rastrojos- que resultan sencillas, ya que se resuelven con un juicio rápido, en los asuntos más complejos la resolución se demora de dos a cuatro años.
Por otro lado, no son pocos los que señalan al Gobierno de Galicia como culpable indirecto de las trágicas consecuencias registradas hasta el momento en los montes gallegos, pues el despido de 436 brigadistas podría estar afectando a la lucha contra el fuego, que ha obligado a cientos de vecinos a colaborar en las labores de extinción por falta de efectivos.