Pedro Sánchez ha anunciado este miércoles en el Congreso su oferta de que el estado de alarma sea revisado en cuatro meses, el 9 de marzo, por el Consejo Interterritorial para determinar si puede levantarse o debe continuar hasta el nueve de mayo como se propuso inicialmente.
Tras las quejas recibidas desde varios partidos por la extensión del estado de alarma, el presidente lanzaba este órdago a la espera de llegar a un punto de encuentro con la oposición y reunir los apoyos necesarios, sin embargo, Pablo Casado, líder del Partido Popular, ha rechazado inmediatamente la oferta acusando a Sánchez de intentar » «eludir el Parlamento».
Según la Carta Magna, el principio de responsabilidad no puede ser eludido por el Gobierno ni si quiera en casos de excepcionalidad, es decir, seguiría siendo la autoridad competente aunque delegue la ejecución de las medidas implantadas en autoridades autonómicas. Basándose en esto y en la extensión de la propuesta de Sánchez el estado de alarma ha despertado dudas sobre su constitucionalidad.
Tanto el presidente como la portavoz, María Jesús Montero, dan por conseguido el apoyo para llevar adelante su propuesta.