España no ha sido ajena a la pena de muerte a lo largo de siglos. De hecho, fue abolida de forma definitiva hace relativamente poco, en 1978, con la Constitución vigente. Fue utilizada como método de tortura y muerte sin interrupción hasta 1932, cuando fue abolida por la Segunda República. Dos años más tarde, en 1934, fue restablecida para algunos delitos, en concreto los de terrorismo y bandolerismo.
Franco la »recuperó» durante la Guerra Civil y fue el último que autorizó ejecuciones en España
Francisco Franco reincorporó de forma plena la pena de muerte en el código penal de 1938, durante la Guerra Civil Española. Lo hizo, según el preámbulo del decreto ley, por «un sentimiento de notoria falsía y que no se compagina con la seriedad de un Estado fuerte y justiciero. Fue cercenada de la escala general de penas, eliminándose de ella en el código penal de la nefasta república, la de muerte».
Las últimas ejecuciones en España se llevaron a cabo el 17 de septiembre de 1975, cuando Franco dio el visto bueno a las condenas y fueron fusilados dos militantes de ETA, Jon Paredes y Anjel Otaegi, y tres miembros del FRAP (Frente Revolucionario Antifascista y Patriótico), José Luis Sánchez Bravo, Ramón García Sanz y Humberto Baena.
Estas ejecuciones provocaron una reacción internacional muy grande. Las protestas se extendieron por toda Europa, y hasta quince países (República Democrática Alemana, Francia, República Federal Alemana, Gran Bretaña, Suiza, Portugal, Austria, Irlanda, Suecia, Italia, Luxemburgo, Dinamarca, Holanda y Bélgica) retiraron temporalmente a sus embajadores de Madrid como forma de protesta. Incluso el Vaticano y Don Juan de Borbón pidieron clemencia a Franco, que desoyó todas las peticiones.
Durante varios días se reprodujeron las manifestaciones de protesta en Europa, con serios incidentes en París y Lisboa incluidos. El 1 de octubre Franco apareció, muy débil por última vez antes de su muerte en una manifestación en la plaza de Oriente, para mostrar el apoyo popular español ante las injerencias extranjeras.
Última ejecución por garrote vil en 1974
Un año antes de los últimos fusilamientos habían sido ejecutados por garrotel vil Salvador Puig Antich en Barcelona y Heinz Chez en Tarragona.
Puig Antich era un anarquista catalán que había sido condenado por matar a un guardia civil durante una persecución tras el intento de asalto a una entidad bancaria. Esperó la llegada del indulto hasta el último instante, un indulto que nunca llegó. Heinz Chez, también condenado por asesinato, también fue ejecutado con este método.
La Constitución de 1978 puso fin a la pena de muerte en España, salvo en tiempo de guerra
La Constitución vigente, redactada durante la transición, abolió la pena de muerte salvo en los casos que la legislación militar establecía en tiempo de guerra. El Código Penal Militar preveía la pena de muerte en casos de traición, rebelión militar, espionaje, sabotaje o crímenes de guerra.
No fue hasta 1995, y tras una larga campaña de Amnistía Internacional y de diferentes organizaciones sociales e iniciativas individuales, cuando se abolió definitivamente la pena de muerte de la legislación militar.
El artículo 15 marca una excepción
La abolición de la pena de muerte en España quedó abolida, pero el artículo 15 de la Constitución realiza una excepción «en aquellos casos que pudiera establecer el código de justicia militar en tiempo de guerra».
No obstante, plantear la reintroducción de la pena de muerte en el código militar para delitos cometidos en tiempos de guerra, a pesar de no violar el artículo 15 de la Constitución, iría en contra el Segundo Protocolo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, destinado a abolir la pena de muerte, y firmado por España.