En febrero del año pasado, los ministros de Empleo de los 27 países de la Unión Europea acordaron la creación de una »garantía juvenil», una iniciativa que establece que todos los europeos menores de 26 años deben tener acceso a un trabajo, formación o prácticas en un plazo máximo de cuatro meses tras terminar sus estudios o quedar desempleados desde 2014.
Bruselas propuso entonces a los Gobiernos seis directrices: establecer acuerdos de colaboración entre servicios de empleo públicos y privados, agentes sociales y organizaciones juveniles; garantizar la intervención temprana para reducir la proporción de jóvenes que ni estudian ni trabajan; mejorar las medidas de inserción profesional; utilizar la financiación de la UE; revisar continuamente el funcionamiento del sistema; y ponerlo en marcha lo antes posible.
La Unión inyectó a este plan 6.000 millones de euros. En España, el presupuesto es de 1.800 millones de euros, para distribuir entre 2014 y 2015. Nuestro país fue uno de los principales destinatarios de estas ayudas, junto con Italia, que recibió 1.000 millones de euros.
El paro alcanza en nuestro país a 881.400 jóvenes de entre 16 y 24 años. España tiene la segunda mayor tasa de desempleo juvenil de la UE, con un 54%, sólo superado, en tres puntos, por Grecia. El desempleo en Europa afecta a 5»2 millones de jóvenes.
El coste económico de no integrar a los jóvenes en el mercado laboral asciende a 150.000 millones al año, o el 1,2% del PIB comunitario, según Bruselas. En España, se sitúa en 15.700 millones, el 1,47% del PIB.
Los sistemas de “garantía juvenil” llevan años funcionando en otros países. Algunos, como los nórdicos, los implementaron ya en la década de los ochenta, como Suecia, que lo hizo en 1984. Noruega, en 1993 y Dinamarca, tres años más tarde, fueron también pioneros en adoptar medidas para fomentar el acceso de sus jóvenes al mercado laboral. En los últimos años, Austria, Alemania, Países Bajos y Polonia, han adoptado programas similares.
Los programas siguen prácticamente las mismas directrices, con un colectivo de beneficiarios que se amplía, como en Dinamarca, hasta los 30 años. En Noruega, en cambio, sólo las personas de menos de 20 años tienen derecho a recibir una oferta, según un estudio elaborado por el Departamento de Política de Empleo de la OIT. También varían los plazos- en Dinamarca, los jóvenes de entre 18 y 19 años reciben ofertas a partir del primer mes, mientras que los más mayores lo hacen a partir de los tres meses- y la duración de la medida.
Mientras en Suecia se limita a un máximo de 15 meses, en Dinamarca llega hasta los seis, con posibilidad de renovación. En Polonia, puede durar hasta un año.
Según este estudio, los resultados de estos programas son exitosos. En Austria, por ejemplo, cerca del 63% de los jóvenes que participaron en el programa en 2010 lograron incorporarse en el mercado laboral en un máximo de doce meses. Según datos de la Comisión Europea, en Finlandia, el 83»5% de los jóvenes en busca de empleo recibió una oferta satisfactoria en un plazo de tres meses tras su inscripción. En Suecia el número de jóvenes participantes en el sistema de garantía juvenil pasó de 10.000 en 2008 a más de 53.000 en 2010 a consecuencia de los exitosos resultados.