El órgano consultivo, presidido por María Teresa Fernández, ha considerado que son necesario cambios «esenciales» en el decreto y ha mostrado su «preocupación» por «la eliminación o modulación de mecanismos de control» para los fondos europeos.
Además, en informe asegura que el decreto «adolece de graves insuficiencias en su contenido» y habla de la carencia de «toda exposición motivada y suficiente» para explicar la falta de controles «en materias tan sensibles como la contratación administrativa, los convenios administrativos o las subvenciones».
La Comisión Permanente del Consejo de Estado ha sido la encargada de la redacción de este informe, que fue elaborado el 21 de diciembre. El Real Decreto al que alude este texto fue respaldado por el Parlamento, pero el Partido Popular denunció en su momento que el Gobierno ocultaba dicho informe.
Por otro lado, el órgano ha asegurado que el Tribunal Constitucional admitiría una reclamación basándose en estas carencias en caso de que el decreto fuera impugnado. Sin embargo, también ha querido destacar que pese a estas observaciones el texto les merece una «opinión favorable» en su globalidad.
Así, el Consejo ha señalado que el decreto desprende el «esfuerzo» realizado por el Gobierno para sacar adelante las medidas en un corto periodo de tiempo.