En España existen actualmente 1.774.800 personas con discapacidad en edad activa, un 5,9 por ciento de la población; solo un tercio trabaja y el 43,2 % abandona sus estudios de manera temprana, según el «Informe Olivenza 2017» elaborado por el Observatorio Estatal de la Discapacidad.
El documento, que considera personas con discapacidad oficialmente reconocida a aquellas con un grado superior o igual al 33 % más y a los casi 400.000 pensionistas de la Seguridad Social que tienen una pensión de incapacidad, revela asimismo que casi el 70 % se encuentran en la franja de edad de entre 45 y 64 años.
La discapacidad está más presente en hombres -1.023.000 frente a 751.000 mujeres-. Y la más habitual es la de tipo físico, que afecta al 64,4 % de todo el colectivo (1.142.600 personas), seguida de la mental (278.900, un 15,7 %); la intelectual (180.200, un 10,2 %) y la sensorial (173.100, un 9,8 %).
Por comunidades autónomas, el 19,85 % de las personas con discapacidad se encuentra en Andalucía; el 16,72 % en Cataluña y el 10,77 % en la Comunidad Valenciana. Los porcentajes menores son los de La Rioja (0,54 %); Navarra (1,15 %) y Baleares (1,83 %).
Dos de cada tres personas con discapacidad, hasta 1.173.000, están inactivas, lo que les sitúa a 44 puntos porcentuales de la población en general.
Una cifra que explica en parte la incapacidad laboral, ya que el 30,9 % reciben una prestación por dicho motivo.
Los que trabajan se topan con la precariedad de las condiciones y «la temporalidad se constituye como tendencia»: en 2016, se realizaron 268.160 contratos a 126.225 personas con discapacidad, lo que indica que cada una fue contratada una media de 2,12 veces.
Y las actividades a las que se suelen dedicar se caracterizan por su «baja cualificación», sobre todo servicios de jardinería a edificios, limpieza y empleados de apuestas.
Mientras, el 58 % de las personas con discapacidad demandantes de empleo son parados de larga duración. El desempleo se ceba especialmente con los jóvenes, ya que la tasa en este grupo alcanza el 63,5 %.
En este sentido, el informe pone el foco en los grupos especialmente vulnerables, ya que se dan «binomios de multidiscriminación» que «conducen espacios verdaderamente complejos y desintegrados»: discapacidad + mujer / discapacidad + joven y discapacidad + psíquica.
Junto a todo ello, los salarios que perciben las personas con discapacidad se han reducido desde 2010 en 365 euros y ya son 3.638 euros brutos anuales inferiores a los de la población general.
Según su nivel de formación, solo el 15,11 % tiene estudios superiores, 18,1 puntos porcentuales menos que el resto.
Lo mismo ocurre con la tasa de abandono escolar, que se eleva hasta el 43,2 %, un 18 % más que los demás ciudadanos; y es que siete de cada diez admite barreras y/o obstáculos para acceder a la formación, destacando dificultades económicas y aspectos vinculados a al propia discapacidad.
Respecto a las prestaciones, en la actualidad se destinan 18.724.489 de euros a pensiones de invalidez, lo que supone un 1,74% del PIB.
Son sobre todo prestaciones de carácter periódico, especialmente pensiones contributivas por incapacidad permanente, cuya media es de 929,69 euros y de la que se benefician 938.000 personas; de ellas, solo el 35,21 % son mujeres, que perciben 175 euros al mes menos que los hombres.