Este fondo se aprueba con el fin de paliar los efectos motivados por las medidas adoptadas durante el estado de alarma para hacer frente a la crisis sanitaria del COVID-19.
«En el fondo, cuyo objetivo es garantizar la continuidad de la prestación de un servicio público esencial para todos los ciudadanos y la viabilidad del tejido empresarial necesario para su prestación, quedan incluidos los ayuntamientos, las diputaciones provinciales, comprendidas las diputaciones forales, los consejos y los cabildos insulares que presten servicios de transporte público», aseguran en la web de Moncloa.
El déficit cubierto por este fondo será el que se haya producido durante el período de estado de alarma y el que se produzca hasta finales de 2020, como consecuencia de la reducción extraordinaria de los ingresos asociados a la venta de billetes, reducción motivada por la drástica reducción de la demanda, así como por los costes extraordinarios causados por las medidas de prevención, limpieza y desinfección y por la limitación de la ocupación de los vehículos por motivos sanitarios.
De este modo, la asignación de la financiación correspondiente a cada entidad local se determinará de forma transparente y sobre la base de criterios objetivos establecidos el propio texto normativo, estimando el déficit extraordinario en el transporte público local como un porcentaje de la cuantía de los ingresos por tarifa de un año tipo, considerándose como tal el año 2018.
A tal efecto, los titulares de los órganos de intervención de los ayuntamientos y diputaciones tendrán que emitir el correspondiente certificado con la información necesaria.
El modelo será, por tanto, similar al aplicado para la financiación del déficit extraordinario del transporte público de financiación y titularidad autonómica. En este caso resultarán beneficiadas aproximadamente 360 entidades locales.