En España hay alrededor de 200 asociaciones de consumo de cannabis. Clubs de fumadores que sobreviven en un limbo legal, ni amparados por la ley ni tampoco ilegalizados, siempre con la duda de si la policía puede intervenir la marihuana o cerrar el club. Ante este vacío legal a nivel nacional, Cataluña ha decidido regularizar el cultivo, consumo y transporte de cannabis apelando a los derechos humanos, en una proposición de ley que se ha votado este miércoles en el Parlament.
«El consumo de cannabis por parte de adultos, en el ámbito privado, ya sea por motivos lúdicos o terapéuticos, es una opción que forma parte del libre desarrollo de la personalidad, el derecho a la libertad de conciencia y disposición del propio cuerpo», dice el texto al que ha tenido acceso Teinteresa.es.»También es parte del derecho a la salud y a escoger las terapias y los tratamientos más adecuados para el estado de salud de la persona»
¿Pueden las Comunidades regular esto?
El debate sobre la legalización de la marihuana ha llegado varias veces al Congreso, aunque sin éxito. El Gobierno español se ha limitado a »taparse los ojos» y dejar correr una situación de alegalidad alrededor del consumo de cannabis. El tráfico y cultivo de cannabis es ilegal, pero su consumo no. Por eso, la policía no puede intervenir un club de fumadores en el que se venda marihuana pero sí puede interceptar los camiones que lo transportan o los sitios donde se cultiva.
La proposición de ley que acaba de aprobar el Parlament de Cataluña intenta evitar eso y «proteger» los clubs, con un texto que cuenta con el apoyo de Junts pel Sí (JxS), PSC, Catalunya Sí que es Pot (CSP) y la CUP. «Tanto en Cataluña como en el resto del mundo existe una parte significativa de la población que consume esta sustancia», asegura el preámbulo del texto que recuerda que la primera asociación de cannabis de Barcelona se fundó en 1991.
Amparados en la ley de «consumo»
Otras comunidades ya intentaron regular esto antes, como es el caso de País Vasco, cuyo parlamento aprobó un texto que ahora se encuentra paralizado por orden del Tribunal Constitucional que debe determinar si hay un conflicto en las competencias.
En este caso, la propuesta se ampara en el Convenio europeo, asegurando que es un desarrollo del derecho a la salud y a la realización personal. Además, recuerda que Cataluña posee todas las conferencias transferidas en materia de consumo.
«Estas asociaciones han adoptado un modelo de uso compartido, es decir, de autocultivo y autoconsumo entre los miembros de la asociación«, dice el texto, por lo que en ningún momento hay «venta» o tráfico, sino que los socios pagan una cuota.
La falta de regulación, defiende la propuesta, supone un problema de «seguridad jurídica» ante la «ploriferación» de estos clubs, sobretodo en Barcelona.
Mejorar la calidad del cannabis
Además, con esta norma pretenden que «disminuyan los riesgos de la falta de regulación» y el departamento de salud de la Generalitat apruebe «criterios de calidad relevantes para la salud pública».
Esta es una de las principales reivindicaciones de los clubs de fumadores, que piden mejorar el conocimiento de la sustancia e informar a la población y a los consumidores.
Una vez aprobado el texto, eso sí, habrá que esperar a saber qué opina el Tribunal Constitucional.