El Gobierno parece ya completamente decidido a reformar en solitario en una o dos semanas el actual modelo de formación subvencionada de trabajadores, gestionado por la Fundación Tripartita en la que conviven sindicatos y patronales mayoritarios y la propia Administración.
El propio presidente del Ejecutivo, Mariano Rajoy, había señalado públicamente este objetivo en varias ocasiones, una de ellas en el último Debate sobre el Estado de la Nación, en febrero de 2014, hace prácticamente un año.
Desde aquellas fechas, la secretaria de Estado de Empleo, Engracia Hidalgo, y los agentes sociales han mantenido 10 reuniones en busca de un acuerdo que ahora parece inalcanzable. Hidalgo presentó hace dos semanas un documento de propuesta de acuerdo a los sindicatos UGT y CCOO y a la CEOE, que lo rechazaron de plano.
Este jueves, en un nuevo encuentro precedido de unas declaraciones de Fátima Báñez señalando que el plazo para la reforma se agotaría en las próximas semanas, el desencuentro ha vuelto a ser el protagonista.
Salvo que las posturas de las partes den un improbable giro en los próximos días, las negociaciones se habrán roto y el divorcio entre el Ejecutivo, sindicatos y patronal se habrá consumado en el campo de la formación de trabajadores.
Ruptura en periodo de noviazgos
Un desacuerdo que llega tras el importante pacto alcanzado recientemente para poner en marcha el Plan Prepara que establece la nueva ayuda de 426 euros para parados de larga duración sin prestaciones y con cargas familiares.
Un distanciamiento que se produce también en medio de las informaciones que apuntan a un nuevo acuerdo de moderación salarial entre CEOE y organizaciones sindicales, que discuten ya una horquilla de incremento en los sueldos de entre el 0,8% y el 1,5%.
En el primer caso, en el pacto sobre las ayudas a los parados de larga duración, las empresas no incurren en ningún coste, al contrario, pueden ahorrar una parte del salario del trabajador que compagina la ayuda con un empleo. Los sindicatos, por su parte, pueden ofrecer a sus representados un nuevo tipo de prestación y, como la patronal, no renuncian a nada. El coste del programa corre a cargo del presupuesto público.
En el caso del nuevo acuerdo de moderación salarial tras el alcanzado en 2012 para tres ejercicios, las negociaciones se mantienen entre agentes sociales sin presencia del Ejecutivo y las organizaciones sindicales y empresariales tampoco incurren en ninguna pérdida. Lo que se pacta repercute en los salarios que pagan las empresas y en los sueldos que perciben los trabajadores.
Pero el caso de la formación continua para el empleo es diferente. Hasta ahora los agentes sociales habían intermediado en la distribución de las subvenciones para cursos entre sus federaciones u organizaciones sectoriales y territoriales. Habían sido juez y parte. Habían recibido fondos. Ahora, con los cambios defendidos por el Gobierno Central, según ha podido saber Lainformacion.com de distintas fuentes conocedoras de la situación, los sindicatos y CEOE pierden el control que mantenían sobre el sistema.
Los agentes sociales siempre han rechazado esta posibilidad. Defienden que las subvenciones se nutren de las cuotas de empresas y trabajadores a la Seguridad Social en concepto de Formación Profesional, y por tanto deben de ser sus representantes, CEOE y sindicatos, quienes las gobiernen.
Pero el actual Ejecutivo sostiene la necesidad de cambiar esta situación de dominio que en el pasado fue de casi monopolio de los agentes sociales en pro de la transparencia, eficiencia y libre concurrencia. Y se apoya, además de en la falta de eficacia del sistema para combatir el desempleo, en el último informe del Tribunal de Cuentas que cuestionaba numerosos aspectos del funcionamiento del modelo y en los numerosos escándalos que han salpicado a estas organizaciones en comunidades autónomas como Andalucía y Madrid.
Un sistema siempre en la picota
La Fundación para la Formación en el Empleo, el antiguo Forcem, nació en 1993 para llevar la formación a la empresa española, algo que entonces sólo hacían las grandes compañías. En esa etapa estaba integrada por CCOO, UGT, CEOE, Cepyme y la Confederación Intersindical Gallega (CIG), que llegaron al primer Acuerdo Nacional de Formación Continua, refrendado en posteriores pactos hasta 2004. Eduardo Zaplana, entonces ministro de Trabajo, acometió la primera reforma de este sistema, después de diversos escándalos y fraudes en la gestión de los fondos.
Fue entonces cuando se constituyó la Fundación Tripartita, en cuyo patronato (el órgano de gobierno de las fundaciones) seguían presentes CCOO, UGT, CEOE y Cepyme, pero se incluyó entonces también a la Administración para asegurarse un mayor control en la gestión. Puede decirse que entonces el Gobierno Central entró en el sistema y ahora será el que lo controle en detrimento de los agentes sociales.
Posteriormente, el ministro socialista Jesús Caldera introdujo nuevos cambios en el sistema que se han mantenido hasta la reforma laboral de 2012. Entonces, el departamento ya ocupado por Fátima Báñez volvió a operar cambios importantes, aunque aún no reformó el modelo hasta el extremo en que ahora se hará.
Se ha hablado de cambiar la naturaleza jurídica de la Fundación Tripartita para convertirla en una agencia pública o algún formato similar, posibilidad que está descartada ahora. Incluso, Juan Rosell, presidente de la patronal, llegó a pedir el cierre de esta institución.
Pero el caso es que la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo ha seguido gestionando los fondos de la formación profesional de los trabajadores, procedentes fundamentalmente de las cotizaciones sociales de las empresas (0,6% del salario bruto de sus empleados) y de los trabajadores (0,1% de su sueldo bruto).
En 2014 tuvo un presupuesto de 950 millones de euros (888 de los cuales proceden de las cotizaciones) del total de 2.279 millones que el Gobierno destinó en los Presupuestos Generales del Estado del pasado año a la formación dentro de las políticas activas de empleo. Los restantes 1.329 millones los administra el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), el antiguo INEM, para formar a los desempleados.
Con los fondos que gestiona la Tripartita, se formó en el año 2013 a 4,27 millones de trabajadores. En 8 años se ha multiplicado por 5 el número de personas formadas y por 15 el de empresas participantes, y eso que en ejercicios anteriores se habían producido reducciones presupuestarias (fundamentalmente por la caída de las cotizaciones sociales) de hasta un 30%. En el pasado ejercicio el recorte fue menor, de 3 millones de euros.
El destino de los fondos
Los fondos que gestiona la Fundación Tripartita se reparten en diferentes partidas. En 2014, 580 millones serán para acciones de formación interna en las empresas, que se bonifican una parte de lo ya cotizado a la Seguridad Social para impartir cursos a sus plantillas. Es la llamada formación de demanda o bonificada, que organiza cada compañía en función de sus necesidades. Ésta es la única partida que ha crecido en los últimos años.
Las grandes empresas utilizan de forma generalizada estas bonificaciones, pero el gran reto del sistema es hacer llegar la formación también a las pymes, muy mayoritarias en la economía española pero mucho menos presentes en este sistema de formación: aproximadamente el 92% de las grandes empresas (más de 250 empleados) usan las bonificaciones, el 62% de las pymes (de 10 a 249 empleados) y sólo el 27% de las micropymes (menos de 10 empleados).
La formación de los funcionarios, a través del Instituto Nacional de Administración Pública (INAP), recibió el año pasado 51 millones de euros. Las comunidades autónomas, que tienen sus propios planes de formación de trabajadores, percibieron otros 107 millones de euros. Y 181 millones fueron a la denominada formación estatal de oferta o subvencionada, la que históricamente impartían los agentes sociales a los trabajadores de forma gratuita para los alumnos. Los restantes 31 millones hasta alcanzar el presupuesto total de 950 millones fueron destinados a los gastos de funcionamiento de la Fundación Tripartita.